Pueblos indígenas, asunto pendiente

Foto: Visión Peninsular

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Diputados integrantes de las comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, cuestionaron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, sobre el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el desarrollo de pueblos indígenas, igualdad de género y política social.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), expresó que si bien se apoya la Cruzada Nacional contra el Hambre, sus propósitos no deben distorsionarse y convertirse en un botín político, ni ser una caja negra de opacidad que justifique subejercicios, porque estos significan para los pueblos indígenas otros diez o veinte años de retraso.

Indicó que la simulación entre trato igualitario y la falta de acceso oportuno de los pueblos originarios a los programas de desarrollo social, es un acto de injusticia, ya que los subejercicios presupuestales por incapacidad o por falta de voluntad, son un acto de discriminación o racismo.

Sostuvo que los indígenas no están dispuestos a escuchar que por las Reglas de Operación no pudieron acceder a los programa, ya que éstas no se pueden detectar ni deben retrasar el desarrollo de las comunidades.

Refirió que según datos del informe del Anexo 9 transversal del Presupuesto de Egresos 2013-Erogaciones para el Desarrollo Integral de Comunidades y Pueblos indígenas, los 14 ramos que lo componen observan un avance inferior al 50 por ciento.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), expresó que en veinte años la pobreza por ingreso ha permanecido igual, pues de 1992 a 2012 ésta bajó de 53.1 a 52.3 por ciento, es decir, 0.8 puntos porcentuales.

Preguntó en cuántos años México tendrá cero pobreza, considerando que en dos décadas la pobreza por ingreso se redujo en menos del uno por ciento y que no se ha tocado el modelo de desarrollo.

Hizo votos por conocer cómo se asegurará el acceso efectivo y la calidad en la educación, la salud y los servicios básicos a toda la población, y con base en qué criterios se incorporará el enfoque de género en el tema de la disminución de la pobreza.

De igual modo, solicitó detalles del Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, existen 8.2 millones de mujeres con las características requeridas para este programa.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Alejandro Montano Guzmán (PRI), celebró que la instancia legislativa que preside y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hayan formalizado una alianza para que “los diputados de la comisión puedan estar en las 32 entidades federativas del país, para supervisar que se cumplan los lineamientos que marca el Ejecutivo en el ejercicio de los recursos presupuestales”.

“Es inaceptable que en nuestro país haya mexicanos que sufran hambre, exclusión o incapacidad para ser beneficiarios del desarrollo económico y social al que aspiramos todos”, enfatizó luego de conocer los datos de pobreza del país.

Por lo anterior, reconoció que en la búsqueda de mejores condiciones de vida para los mexicanos todos son corresponsables, tanto los tres Poderes de la Unión como los tres órdenes de gobierno. “En el ámbito de nuestras competencias debemos sumar ideas, propuestas y estrategias para alcanzar el alto objetivo de las políticas de desarrollo social que impulsa la actual administración”, dijo.

El diputado destacó que la información con la que cuenta indica que existe una gran proporción de mexicanos que aún viven en pobreza y pobreza extrema, y otros que están en una situación de vulnerabilidad, por lo que muchas familias mexicanas aún aspiran y tienen la esperanza de que con este gobierno puedan acceder al bienestar que establece nuestra Constitución.

Montano Guzmán entregó a la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, una moneda conmemorativa alusiva a la Comisión de Desarrollo Social, “con el fin de dejar un testimonio del compromiso de trabajar en conjunto para un mejor país”.

En su exposición inicial, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, destacó que la pobreza no ha disminuido mientras que los recursos destinados a ello se han incrementado considerablemente en los últimos 30 años.

Para abatirla, dijo, debemos entender que el país tiene que realizar aquellos cambios y reformas que le permitan sentar las bases de un mayor crecimiento y una mejor distribución del ingreso.

“Se habla que la Reforma Hacendaria golpea a las clases medias; les quiero decir que la no aplicación de IVA en alimentos y medicinas no solo protege a los pobres de este país, sino a 14 millones de mexicanos de clase media vulnerable”, señaló.

Asimismo, agregó, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que atiende a 400 municipios no ha habido, en ninguno de ellos, peticiones de carácter político.

Al iniciar la primera ronda de preguntas, el diputado Samuel Gurrión Matías (PRI) dijo que a pesar de los miles de millones de pesos destinados para infraestructura y programas, los niveles de pobreza y marginación de las comunidades indígenas son inaceptables. Señaló que la Cruzada Nacional contra el Hambre podría sacarlos del rezago ancestral.

A su vez, la diputada Margarita Licea González (PAN) manifestó su preocupación en torno de programas que presentan menos de la mitad del ejercicio, por lo que cuestionó cuáles han sido destinados al desarrollo de pueblos indígenas.

El diputado Vicario Portillo Martínez (PRD) señaló que hay 53.3 millones de mexicanos en pobreza, y la población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre es de 7 millones. Preguntó cómo atenderán a la población no considerada en la primera etapa.

El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) cuestionó en cuánto tiempo se podrá cumplir el objetivo de abatir el hambre en más de siete millones de personas en pobreza alimentaria. Asimismo, qué medidas se toman para incentivar el desarrollo de los pueblos indígenas y qué avances se esperan lograr de las comunidades indígenas.

Por el PVEM, el legislador Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo consideró que la política social debe fomentar la participación de las comunidades indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida. Preguntó cuáles son los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En tanto, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) cuestionó por qué en las definiciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre no se tenga claro el concepto de hambre y que los municipios integrados en la primera parte del programa se basaron en criterios no apegados a la realidad de la pobreza que se presenta en otras localidades. Preguntó a Rosario Robles cuál es su apreciación acerca de que el programa es electorero y qué resultados hay sobre esta primera etapa.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Luis Martínez Martínez comentó que el 46 por ciento de la población se encuentra sumida en la miseria con más de 28 millones de mexicanos con hambre y 12 millones en situación de extrema pobreza. Preguntó qué apoyos se han brindado a los triquis de la sierra de Oaxaca y a cuánto ascienden los gastos que se erogan en los diversos recorridos que hacen los funcionarios al visitar los pueblos.

Al responder en la primera ronda los cuestionamientos, la titular de la Sedesol dijo que sentar las bases de una estrategia para derrotar los mitos existentes de que los pobres no son productivos, se ha realizado en los primeros nueve meses del gobierno actual, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Advirtió que esas comunidades han alimentado a México durante décadas. Las personas que emigran son exitosas. Es gente emprendedora y capaz, “el problema es que los vemos como alguien a quien debemos subsidiar, y no apoyar para despertar su potencial productivo”.

La secretaria Robles Berlanga aseguró que programas como Oportunidades se han reconvertido para que comunidades sean productivas, porque sus integrantes pueden tejer, producir alimentos, pero falta darles instrumentos, sobre todo a las mujeres, que son las que están al frente del hogar; sin embargo, no tienen créditos ni apoyo porque no son dueñas de la tierra y porque no pueden dar garantías.

Para darles acceso a las mujeres se cambian las Reglas de Operación, aseguró Robles Berlanga.
Reconoció que los pueblos indígenas de México son “una asignatura histórica pendiente. Son sujetos de derecho no son clientelas, no son corporaciones, son ciudadanos de primer nivel y de México, y tienen los mismos derechos”, aseveró la titular de la Sedesol.

Sostuvo que el presupuesto ejercido en el sector es del 93.73 por ciento, el cual está enfocado en los municipios indígenas del país, donde la Cruzada Nacional contra el Hambre no sólo se ha enfocado al reparto de alimentos, sino a alentar la producción, por lo que estimó que este año habrá una producción récord de granos.

Indicó que se trabaja con presidentes municipales de cualquier partido político, sin privilegiar a ninguno. Lo que se busca “es derrotar el individualismo y rescatar el sentido comunitario, tan arraigado”, garantizó la secretaria Robles Berlanga.
Segunda Ronda

El diputado Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) subrayó que con la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, “únicamente se pretende abanderar intereses políticos”, ya que no cuenta con una metodología para su implementación.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) refirió que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la Cruzada no se define a las mujeres como un sector que requiera especial atención, a pesar de que esto es un eje transversal en el PND, por lo que urgió conocer la posición de la Sedesol al respecto.

Por su parte, la diputada de Nueva Alianza, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, afirmó que en México, a pesar de los avances que se han alcanzado, aun existe el compromiso con las niñas y mujeres de nuestro país, ya que esta población sufre de mayor discriminación por las condiciones vulnerables en las que se encuentra.

Respecto a las estancias infantiles, la legisladora Julisa Mejía Guardado (PRD) dijo que, a pesar de que fueron concebidas para dar empleo a mujeres, no otorga garantías, ya que no provee preparación y capacitación a quienes se encargan de hasta 20 niños.

En su intervención, la panista Carmen Lucia Pérez Camarena, señaló que el ejercicio en los programas del Ramo 20 (de Desarrollo Social), “además de ser ineficaz, es sectario”, porque sólo privilegia la administración de personal y no de programas sociales.

Por último, la legisladora María Leticia Mendoza Curiel (PRI), subrayó que México sigue siendo un país muy inequitativo para las mujeres, prueba de ello es que no hay una sola gobernadora y menos del 8 por ciento de las 2457 presidencias municipales que existen, son encabezadas por mujeres.

Al dar respuesta, la secretaria Robles Berlanga dijo que del total de beneficiarios del programa Oportunidades, más de 90 por ciento son mujeres, las cuales invierten horas y días cuidando a su familia, por lo que deben tener derechos.

Destacó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre tendrá mayor beneficio para las madres de familia, ya que “que son ellas las primeras en dejar de comer para darle alimento a sus hijos; renuncian para que ellos tengan algo”.

Además, sostuvo que buscan que los comités comunitarios de la cruzada estén formados la mitad por mujeres. Añadió que la dependencia que encabeza apoya a los más de 400 municipios en el país para que cuenten con centros integrales de apoyo la mujer.

“Se han cambiado las reglas de operación para que la leche llegue a las zonas rurales. Liconsa se vendía en El Pedregal del Distrito Federal, pero no en las comunidades indígenas; 740 mil niños son atendidos con suplementos alimenticios y se han instalado 8 mil 400 comedores escolares y escuelas de tiempo completo”, refirió

Informó que han trabajado con los gobiernos de los estados, a través de convenios, para que las áreas de protección civil verifiquen las estancias infantiles (más de 9 mil) para que cumplan el protocolo de seguridad.

“Las estancias infantiles permiten a una mujer que trabaja que sus hijos estén cuidados, de lo contrario esos niños estarían en la calle o en la casa, solos”.

Respecto del Programa de Mujeres Jefas de Familia, precisó que éste cuenta con 2.6 millones de mujeres registradas, de las cuales 857 mil ya han sido ratificadas y esperan llegar a 3 millones de beneficiadas.

 

=Cámara de Diputados=