Foto: Crónica del Poder
En el sexenio pasado se inició la privatización silenciosa de los centros de readaptación social, lo que afectó severamente los Derechos Humanos (DH) de las mujeres que purgan condenas por delitos federales, ya que se les trasladó a cárceles de máxima seguridad donde carecen del acceso a sus garantías mínimas.
Ejemplo de ello son las mujeres que viven en el penal federal Islas Marías, toda vez que habitan en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la salud, y sin la posibilidad de establecer contacto con sus familiares, entre otras violaciones a sus DH.
La situación que padecen las y los reclusos en las Islas Marías será denunciada este viernes por la doctora Elena Azaola Garrido y el investigador José Antonio López Ugalde, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 149 periodo de sesiones que concluye el próximo 8 de noviembre.
Ambos especialistas van en representación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, entre otras agrupaciones.
Durante la audiencia temática sobre las condiciones carcelarias en las Islas Marías, ambos académicos expondrán ante la CIDH las deficiencias en alimentación y calidad del agua, irregularidades en los servicios médicos, los traslados injustificados, excesos y arbitrariedades en el régimen disciplinario, malos tratos y otras violaciones a la integridad de la población penitenciaria.
De acuerdo con Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, durante el sexenio de Felipe Calderón se privatizaron las cárceles de máxima seguridad y para resarcir la deuda de las empresas inversionistas –que cobran a diario mil 670 pesos por interno–, el número de presas y presos federales se tuvo que incrementar.
En menos de seis años la población en cárceles federales pasó de tres mil a 20 mil. La experta acusó que las mujeres que viven en Islas Marías fueron llevadas en contra de su voluntad o con engaños, y que a todas se les trata como “mercancías” para incrementar las ganancias de las empresas carcelarias.
Azaola relató que al entrevistar a estas mujeres pudo conocer que a muchas se les prometió que tendrían mejores condiciones y que podrían convivir con su familia, aunque en la realidad tienen cero posibilidades de tener contacto con sus seres queridos.
Aseveró que ellas fueron “expulsadas del territorio”, toda vez que cuentan sólo con cinco minutos cada 15 días para comunicarse con sus familias, es decir, viven aisladas.
Agregó que las mujeres que viven en reclusión generalmente son de estratos económicos sumamente bajos, por lo que sus familias carecen de los recursos necesarios para visitarlas, mandarles dinero o incluso recibir sus llamadas.
También denunció que enfrentan condiciones de vida indignas, pues las más de 8 mil personas presas en Islas Marías –al inicio del anterior sexenio solamente había 600– comparten una clínica de servicios médicos donde no hay un ginecólogo que atienda a las mujeres.
Elena Azaola destacó que hay una actitud de rechazo y maltrato constante a las internas por el personal encargado de vigilarlas. En resumen, expuso, las condiciones carcelarias violan las leyes y tratados internacionales en la materia.
=AZM=
(CIMAC)
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