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Es fundamental que las Comisiones de Derechos Humanos, incluidas las autoridades y empresarios del sector privado, comiencen a analizar los derechos laborales desde la perspectiva de la justicia y los tribunales laborales, ante lo mucho que se tiene que hacer para mejorar las condiciones de millones de trabajadores en condiciones deficitarias para el ejercicio de sus derechos humanos, señaló Leonardo Mier Bueno.
El Coordinador General de Vinculación Estratégica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que dentro de su competencia laboral, este Organismo ve necesario analizar y encontrar soluciones concretas a temas específicos, como la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Celebró entonces la presentación de El sistema de justicia laboral en México: Situación actual y perspectivas, de Graciela Bensusán y Arturo Alcalde, editado este año por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, que aporta al debate y necesario análisis en las Comisiones de Derechos Humanos del país.
Mier Bueno, recordó que fue en la CDHDF donde se constituyó la primera Visitaduría especializada en materia de derechos laborales, una vez que entró en vigor la Reforma que permite a los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) conocer de sus presuntas violaciones, además de emitir las Recomendaciones 11/2012 y 18/2013 y de organizar un Conversatorio sobre la competencia laboral de las Comisiones Públicas, en el marco del Principio Pro Persona, y el Seminario Internacional Los derechos laborales en México: perspectivas, retos y desafíos, en agosto pasado.
Bensusán es especialista de estudios de trabajo y profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Alcalde es abogado laboralista, analista sindical y titular del Despacho Asesoría Jurídica Laboral, Grupo de Abogados.
Al presentar su análisis, Graciela Bensusán, dijo que en los últimos 25 años se ha registrado un crecimiento de los conflictos individuales respecto a los conflictos colectivos, ‘paz laboral’, vista como ventaja competitiva del país por la Secretaría del Trabajo que, advirtió, está montada y soportada por un sistema corporativo-clientelar, con vicios que generan costos que detienen el crecimiento del país, a través de una interlocución sindical legítima que incrementaría la productividad, el mejoramiento de los salarios y el fortalecimiento del mercado interno.
“Lo que pasa en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCyA) y la ‘paz laboral’ que tenemos tiene un costo enorme para el país. Habría que analizar si reducir los conflictos ha generado el bienestar que se esperaba o si el costo es el atraso por el que atraviesa el modelo productivo del país”, insistió.
El aumento de la rotación laboral ante la mayor volatilidad de los empleos que, de acuerdo con un análisis de Kevin Cowan (2007), en México alcanza una tasa de 60% anual; aunado a la flexibilización de las formas de contratación y despido, generó el incremento de conflictos individuales y la reducción de los conflictos colectivos por el debilitamiento de los sindicatos.
En ese contexto, la pérdida del empleo dejó de ser un hecho excepcional en la vida de un trabajador, por lo que el acceso expedito a la justicia laboral y el cobro oportuno de las indemnizaciones se convirtió en una necesidad primordial para la subsistencia (dada la ausencia de un seguro de desempleo protegido) y en un factor indispensable para desalentar las conductas patronales arbitrarias.
Lejos de impulsar reformas estructurales, el sistema de justicia laboral en México se conserva prácticamente intacto desde su fundación, con lo que la justicia experimenta un crecimiento deterioro en el gasto de impartición de justicia efectiva, caracterizado por su integración tripartita y su ubicación en el ámbito del Poder Ejecutivo, legado del pasado corporativo y autoritario, falta de imparcialidad, oportunidad y eficacia en su desempeño y altos niveles de discrecionalidad, simulación y corrupción.
“Sin embargo, tanto los empleadores como el gobierno y los sindicatos aliados a éstos han blindado a este sistema y se resisten a un verdadero cambio estructural”, advirtió.
En razón de ello, Bensusán y Alcalde proponen un análisis sobre la situación actual y las perspectivas en el futuro inmediato de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en tanto primera puerta de acceso a la justicia laboral.
Uno de los principales problemas en el funcionamiento de las JCyA es la presencia de golpeadores que operan en sus instalaciones para resolver las demandas laborales, obligando a los trabajadores a ceder sus derechos, tal como fue denunciado en un diario de circulación nacional apenas el año pasado.
En tanto, Arturo Alcalde dijo que “Si bien las reformas de 2012 introdujeron cambios en la organización y funcionamiento de las Juntas, lo cierto es que cualquier intento de modernizar el mundo de trabajo sin tocar las estructuras tripartitas en el ámbito de la justicia laboral es poco creíble y hasta cierto punto inútil, en tanto deja intacto uno de los espacios de mayor ineficacia y corrupción, con graves consecuencias, no sólo para los trabajadores sino también para los empleadores”.
Al presentar las Conclusiones del análisis, dijo que a diferencia de las transformaciones experimentadas por los sistemas de justicia laboral en países de la región, México mantiene su estructura tripartita y su dependencia del Poder Ejecutivo, resabio de un régimen político autoritario y corporativo que se ha preservado sin cambios, a pesar de las transformaciones económicas y políticas experimentadas por el país en los últimos 30 años.
=CDHDF=
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