Ante auge del problema, Estado mexicano se ve rebasado
Foto: República Amorosa
En México la desaparición de personas, asociada a crímenes políticos, se ha ampliado y ahora también desaparecen mujeres, migrantes, personas defensoras de Derechos Humanos (DH), y gente sin militancia política o afiliación partidista, denunciaron organizaciones civiles.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia en Washington, grupos civiles llamaron al Poder Legislativo a crear una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y aprobar la reforma propuesta por el Ejecutivo en la materia. Al organismo internacional le pidieron visitar el país para constatar esta situación.
Instancias como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijeron que en el periodo conocido como “guerra sucia” (en los años 70) y en la actualidad, las autoridades niegan el derecho de conocer la verdad, no reparan el daño y fomentan la impunidad.
En la audiencia además participaron Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio en México (HIJOS México), y las Fuerzas Unidas para Encontrar a Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Activistas advirtieron que en el país no hay sentencias por desaparición forzada, no hay normas estandarizadas para coordinar la investigación y búsqueda de personas, y no se toma en cuenta que ahora hay otros grupos afectados como la población migrante.
Destacaron que el problema más grave es la falta de coordinación entre las instancias de gobierno y las entidades federativas, ya que cada estado tiene su propia legislación y definición del delito de desaparición forzada.
Ana Luna Serrano, integrante de CADHAC, precisó que en octubre pasado Enrique Peña Nieto envió al Congreso una propuesta que reforma diversas leyes en materia de DH y que modifica el crimen de desaparición forzada.
Señaló que si bien la iniciativa de reforma es un avance porque adecua esa figura jurídica en el Código Penal Federal, llamó al Legislativo para que en el proceso de aprobación no haga modificaciones que representen un retroceso en la materia.
Además propuso una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias para atender este problema, a fin de que las autoridades se centren en la búsqueda y localización y no en la identificación de restos humanos.
Luna Serrano apuntó que las organizaciones civiles han documentado casos en los que las instituciones conducen las investigaciones en el fuero militar donde no hay resultados, o bien no hacen nada porque no hay una figura jurídica de declaración de desaparición.
La activista precisó que en los casos donde se abre una indagación, las procuradurías se niegan a colaborar y en la mayoría de los casos resulta imposible acceder al expediente, no hay líneas de investigación y las averiguaciones se archivan.
Alberto Xicoténcatl, integrante de Fundem, dijo que además las autoridades tienen la obligación de atender estos casos y proteger la seguridad de las víctimas y los testigos, porque en muchas ocasiones la vida de las y los denunciantes está en riesgo.
Por ejemplo, citó el caso de las caravanas que organizan las madres de personas migrantes, en las que las mujeres salen a buscar a sus hijos o familiares desaparecidos en zonas controladas por el crimen organizado, lo que las pone en riesgo.
El defensor dijo que si bien la Procuraduría General de la República creó una Unidad de Personas Desaparecidas, no ha diseñado una política de búsqueda. Destacó que además de las Comisiones Forenses para investigar las masacres de migrantes, se debe indagar sin hay personas con vida.
Observó que si el Estado mexicano no tiene la capacidad de hacer esta tarea puede buscar la cooperación de cuerpos especializados de Naciones Unidas o de otros países.
=AGM=
(CIMAC)
Comentarios recientes