Imagen: Trascavo Político
=Por Jesús González Schmal=
La reforma política aprobada no es sino una de tantas mascaradas del PRI, PAN, y mitad del PRD. Estos dos últimos rápidamente aprendieron del más rancio estilo de nuestra política oficial utilitarista de fondo, y democrática de fachada. En efecto, se repite la película sexenal priista. Después de un descarado fraude electoral en 2012 se convalida en el IFE la impunidad del operativo Monex, Soriana, etc, y se inventa que el despojo ciudadano radicó en la insuficiencia de la ley que no da fuerza a las autoridades electorales para evitar tan evidentes atracos.
Todo mundo se va con la finta y se discute acaloradamente si el gasto excesivo de los candidatos debe ser o no causal de cancelación de sus candidaturas. Se oculta, aprovechando la ignorancia o amnesia inducida, para recordar que el Código Federal Electoral de 1990, en su artículo 49 prescribía claramente la prohibición de utilizar fondos provenientes de instituciones de gobierno, sociedades mercantiles o aportaciones del extranjero, y tal práctica, si era grave y sistemática se sancionaba, de acuerdo con el inciso f) del artículo 66 con la cancelación del registro del partido.
De haberse observado éste dispositivo, la candidatura de Francisco Labastida con el escandaloso caudal de mil doscientos millones de pesos del Pemex gate se hubiera llevado el registro del Partido Revolucionario Institucional.
Así también el inocultable patrocinio de diversas sociedades mercantiles y de fondos del Republican Institute de los Estados Unidos, en la campaña de Fox a través de la lavandería “amigos de Fox”, hubieran cargado con el neopanista y con el propio partido que usaron para sus fines.
Es así que junto con uno que otro avance, que pueden ser las candidaturas independientes, en ésta reforma se esconde la perversa manipulación para hacernos creer que ahora si, en las próximas elecciones ya no se darán las siniestras prácticas de los partidos priizados, ni de las autoridades electorales partidizadas que convalidan los más deshonrosos y viles mecanismos de control, compra y subasta de votos.
Toda ésta reforma es una patraña para mantener incólume un sistema ya no de partido oficial único, sino de tripartidismo subsidiado que, para colmo, garantizan la reelección de sus managers en el Senado y Cámara de Diputados.
La única y trascendental reforma constitucional que no se tocó y que hicieron perdediza porque no está en el pacto, es la de la reglamentación de un procedimiento de revocación del cargo que todo sistema republicano exige para ser verdaderamente democrático y no monarquía de dinastías partidistas.
Si bien en el artículo 111 de la Constitución el Presidente de la República es sujeto de juicio político ante el Senado, por ataques a las instituciones democráticas; ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, (como sucede cuando controla las elecciones, utiliza al Ejército para violar derechos humanos) o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones (como ocurre con la impunidad generalizada, el crecimiento de la deuda pública, el desorden en la ley de ingresos y el presupuesto) entre otras causales previstas en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, puede llegar incluso a la declaración de procedencia, para el desafuero, cuando los actos u omisiones tengan carácter delictuoso. Lo cierto es que esta ley nunca se aplica porque, a través de la partidocracia, se mantiene el tabú de tener como intocable al Presidente.
Hagamos un simple ejercicio para pensar en función exclusivamente del bien de México, el beneficio que nos hubiera traído sí, después del primer año cuando nos dimos cuenta quien era Fox y su familia ampliada Sahagun, hubiésemos tenido la responsabilidad y capacidad para promover una votación confirmativa o revocativa del cargo. El país sería otro sin la frivolidad, incompetencia y entreguismo al extranjero de ese gobierno. Lo mismo ocurriría en el caso de Calderón cuando, desde el primer año supimos de sus complejos guerreros, de sus adicciones y desviaciones emocionales con sus amigos. Cuantos miles de muertos, desaparecidos y atraso en lo económico, social y moral no tendríamos necesidad de lamentar.
Ahora que Peña Nieto culmina su primer año ya tenemos suficientes elementos para saber quién es en el ejercicio de la responsabilidad y los deplorables resultados a la vista. El sólo saberse que puede ser sujeto a una revisión de la que puede surgir una revocación, podría haberlo hecho cambiar su actitud y obligarlo a serias rectificaciones para salvar su sexenio. La falta de este recurso expedito del pueblo en cambio, lo hace sentirse fuerte y capaz incluso de entregar el petróleo de la Nación, con garantía de permanencia sexenal.
Cuantas calamidades serían evitables con tan sólo dar al pueblo un recurso para el ejercicio integro de su soberanía. Tan elemental como el de elegir debe ser el de revocar, porque limitar éste derecho es sentenciar a un pueblo a una democracia a medias. Seguir resignados fatalmente a que se pueda hacer lo que se quiera aun entregar el futuro de la patria al extranjero, sin que haya manera de limitar el tiempo y el desastre, eso es masoquismo político que está en el origen del atrofiamiento de una administración pública corrupta y contraria a los más básicos intereses nacionales.
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