Foto: César Martínez López
CIMAC
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, que mandata la creación de protocolos específicos para la investigación con perspectiva de género de delitos como feminicidio, violencia sexual y trata de personas.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se aprobó el Programa Nacional que es de observancia obligatoria para la Procuraduría General de la República (PGR), y que tiene como uno de sus objetivos terminar con la alta desconfianza que siente la población ante las autoridades judiciales.
Y es que cabe recordar que de acuerdo con organizaciones civiles que defienden y promueven los Derechos Humanos (DH), alrededor de 95 por ciento de los delitos en México permanecen impunes.
Ante este panorama y para dar cumplimiento al eje transversal de perspectiva de género, propuesto por el PND y del que se desprenden el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, y el Programa Nacional para Democratizar la Productividad, la PGR contribuirá con varias acciones.
Entre ellas destaca la obligación de diseñar protocolos, con sus respectivos indicadores de desempeño e impacto, sobre investigación con perspectiva de género para casos de feminicidio, violencia sexual, desaparición de mujeres y trata de personas.
Además de diseñar protocolos de actuación, con la participación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en las especialidades de medicina, psicología, antropología forense y odontología para la atención a las víctimas y familiares.
A través del nuevo Programa Nacional, la PGR tiene la obligación de diseñar bases de datos sobre actos de violencia contra las mujeres, desglosados según tipo de violencia, perfiles de agresores, medidas de protección; además de impulsar el registro nacional de personas desaparecidas, y ampliar el registro nacional de evidencias genéticas.
Como parte de la estrategia enfocada a promover el liderazgo y participación significativa de las mexicanas en cargos de decisión, la PGR deberá establecer criterios que aseguren la paridad en la asignación de puestos dentro de la dependencia.
También existe el mandato de incluir dentro del reglamento interior de trabajo las licencias de paternidad, y difundir dentro del personal la responsabilidad de mujeres y hombres en el trabajo doméstico.
Asimismo, para promover los valores que contribuyan al cambio social y cultural a favor de la igualdad, la PGR debe garantizar que los materiales elaborados eviten el lenguaje excluyente y sexista, entre otras acciones.
Dentro de la desconfianza que existe ante el sistema judicial cabe recordar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe) mencionó que la ciudadanía no denuncia porque teme a las consecuencias de hacerlo y a ser revictimizada ante “la deficiente operación de las procuradurías”.
Según datos oficiales, apenas el 8.9 por ciento de la población ha manifestado tener mucha confianza en las procuradurías.
A la par, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha informado que la incidencia delictiva en México, tanto en el fuero común como en el federal, presenta un crecimiento sostenido desde 2006.
Por ejemplo, mientras en 2010 un total de 17 millones 847 mil 550 personas se convirtieron en víctimas de algún delito, para 2012 la cifra ascendió a 21 millones 603 mil 990 víctimas.
=CIMAC=
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