Foto: Voz Insurgentes
=Por Jesús González Schmal=
El “albazo” dado por la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal arrogándose la primera, facultades legislativas en orden a limitar derechos de manifestaciones públicas en el territorio de la ciudad de México, precisamente cuando la capital lucha para adquirir el estatus jurídico-político de entidad federativa, es otro de tantos atentados que se han estado consumando por el contubernio PRI-PAN, que ya han aprobado una reforma política regresiva (reelección y creación de un nuevo Instituto Nacional Electoral), una contrareforma petrolera antinacionalista (que privatiza PEMEX) y ésta Ley de Manifestantes Públicos en el Distrito Federal, que cancela el último recurso popular para protestar ante el cinismo de las autoridades federales y locales, que desatienden demandas ciudadanas, con la consabida máxima salinista “ni los veo, ni los oigo”.
Es evidente que la garantía de manifestación de las ideas en las calles y plazas públicas, consagrado en el artículo 6° de la Constitución y su correspondiente derecho para reunirse con objeto de hacer una petición o presentar una inconformidad por algún acto o contra una autoridad, es un derecho reconocido en el artículo 9° del mismo máximo ordenamiento. No son simples concesiones de un gobierno transitorio, sino profundas e irrenunciables conquistas de la historia del hombre frente al poder, para hacer que éste se ejerza en función del bien de todos y no del grupo al que pertenezca quien desempeña el cargo presidencial.
Reglamentar las protestas tiene sentido si, previamente, la autoridad responsable respetó el derecho de petición y oyó, sin prejuicios, y con respeto, los argumentos de los inconformes y atiende la problemática dándole cauce legal. El ejemplo de los maestros de la CNTE es típico para demostrar la sordera de los servidores públicos de alto nivel a las demandas y protestas de los maestros a los que prefieren ignorar a sabiendas de que ello exacerbará los ánimos y generará consecuencias para el orden y la tranquilidad de la ciudad. Todos sabemos que de origen las manifestaciones derivan del autoritarismo del Ejecutivo Federal que fraguó la reforma educativa a espaldas de los maestros.
Hubo incluso un engaño por parte de Osorio Chong, quien les abrió la oportunidad de opinar y se les apoyó incluso para que organizaran foros regionales con sus agremiados para que prepararan sus propuestas para ser tomadas en cuenta en el Poder Legislativo. El objetivo era conseguir elevar el nivel de la calidad educativa del país. Cuando los maestros concluyeron sus trabajos de recopilación de iniciativas para superar su capacidad y aptitud, así como determinar las condiciones necesarias para mejorar la metodología de la educación en beneficio de los educandos, inesperadamente la Secretaria de Gobernación que había quedado de ser el conducto para hacerlas llegar a la Cámara de Diputados, simplemente se abstuvo de hacerlo y en una sesión express, el órgano legislativo aprobó la reforma de Peña Nieto, sin haber siquiera leído las aportaciones magisteriales.
Naturalmente los maestros se indispusieron y desde luego, renunciando a todo, pero llamados por una justa indignación, decidieron venir a protestar a la Ciudad de México donde se encuentra la sede del Poder Ejecutivo, Legislativo y de la de la propia Secretaría de Educación Pública. Una, y otra vez, se reunieron con el Secretario de Gobernación y no les resolvió nada. Por el contrario, les dijo que se conformaran con que les daría un sobresueldo y les pagaría los gastos de estancia y de transporte, si se regresaban rápidamente.
Como este caso, hay decenas, que llegan a la ciudad capital por problemas agrarios, de desaparecidos, de mineros, desprotegidos, de productores del campo pidiendo apoyos o protestando por importación de papa contaminada de los Estados Unidos y tantos otros temas del ámbito federal, que tiene como destino la capital política del país donde tienen esperanza de ser oídos o al menos, entrevistados por algún medio de difusión impreso o radiofónico independiente, porque lamentablemente en sus Estados no existen.
Es así entonces que las protestas y manifestaciones son el efecto, no la causa de un problema. Lo debido, lo verdaderamente democrático es que, si el PAN y el PRI quieren reglamentar las marchas y movimientos de protesta, lo que procede hacer es primero resolver los problemas donde se originaron y garantizar que sean recibidos por las autoridades que correspondan al salir de sus lugares de origen o en la entrada a la capital, para conocer la gravedad de la demanda y tratar de resolverla o explicar con claridad, sin trampas, ni mentiras, frente a la opinión pública, la razón o falta de ésta, del contingente que reclama.
Tratar de limitar y hasta reprimir al ciudadano por el ejercicio de un Derecho Constitucional no puede ser la solución. Ello generará nuevos y más graves problemas. La verdadera democracia exige apertura, transparencia y respeto del derecho sagrado a las manifestaciones públicas de protesta que deben acabarse o no haber lugar a ellas, cuando exista un gobierno que atienda y respete el derecho de todos los mexicanos, antes de que tengan que salir a las calles a exigirlo.
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