Foto: arietecaborca.com
Los ríos, presas, mares y campos con los que cuenta Sinaloa hacen de este estado una región fértil, al cual se le considera como el productor agrícola nacional por excelencia y generador de fuentes de empleo, lo que atrae cada año a miles de mujeres migrantes, quienes buscan una mejor calidad de vida.
No obstante, ellas se instalan sin conocer la situación de violencia, hacinamiento, maltratos y abusos que en este lugar se han denunciado.
Esta entidad, ubicada al noroeste del país y frente al Golfo de California, tiene varias comunidades agrícolas que no detienen sus labores durante casi todo el año, y una de ellas es Villa Juárez, que pertenece al municipio de Navolato, a unos 30 minutos de Culiacán, capital del estado.
Al llegar a este lugar se pueden observar de forma inmediata los campos donde se siembra todo tipo de tomate, chiles, pepinos, ejotes, frijoles, berenjena, calabaza y una variedad de legumbres, hortalizas y granos, que son distribuidos en todo el territorio nacional, incluso la producción ha crecido hasta la importación de estos enseres.
Sin embargo, en un recorrido que realizó Cimacnoticias por la zona se observan los interminables surcos que son trabajados por cientos de mujeres migrantes jornaleras, quienes viven una situación de violencia, hacinamiento, abusos, maltrato y jornadas laborales sin descanso, denuncia Amalia Lópes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez.
Por separado, la directora del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM), Elizabeth Ávila, informó que personas de ocho municipios o 490 localidades de zonas serranas del estado se trasladan a Guasave o Navolato, para trabajar en estos campos, pero también llegan mujeres provenientes de Guerrero (47 por ciento), Oaxaca (25 por ciento), y Veracruz (16 por ciento).
Explicó que las oaxaqueñas viajan sin acompañantes, y del total de las jornaleras la mitad no sabe leer ni escribir y sólo el 3 r ciento terminó la secundaria. Su edad oscila entre los 8 y 34 años.
Amalia, quien dirige esta asociación promotora de los Derechos Humanos (DH), y ha alzado la voz para evidenciar la situación que vive esta población migrante en estos campos, informó que estas mujeres provenientes de 20 estados del país son llevadas a Villa Juárez por “enganchadores”, quienes van a sus comunidades de origen y en su lengua materna les prometen trabajo bien remunerado, vivienda y transporte, así como un contrato laboral.
Lo del contrato es cierto, pero las condiciones de vida distan mucho de ser lo que les prometieron porque son llevadas a unas “cuarterías”, es decir bodegas en las que son alojadas durante las noches para luego ser trasladadas a las 4 de la mañana a los campos, los cuales están incluso hasta a dos horas de camino.
Tal actividad la realizan los siete días de la semana para percibir un sueldo diario no mayor a 75 pesos.
Estas mujeres que decidieron emigrar a esta zona ante la falta de oportunidades en sus comunidades, llegan en las camionetas de los “enganchadores” y son instaladas junto con hombres, niños y familias completas en estas cuarterías, que tienen entre 24, 36 o hasta 60 divisiones que los albergan en hacinamiento, sin ventilación y con láminas que ocultan lo que sucede al interior.
Las condiciones de vida en estas “cuarterías”, describió la activista, son de un riesgo latente ya que se viven abusos, violencia de todo tipo, maltratos e incluso dijo que ha habido mujeres que han parido en el piso de esos lugares, ya que los dueños impiden el ingreso de las autoridades.
Al recorrer las calles de Ignacio Altamirano y Ricardo Tamayo, en la colonia López Portillo, en Villa Juárez, se observan “cuarterías” consecutivas, en las que sus propietarios tienen acuerdos con los dueños de los campos agrícolas para que les lleven personal, por lo que a cambio del trabajo no les cobran renta pero “son como prisiones”, acusa Amalia Lópes.
La presidenta de la Comisión de DH señaló a un hombre conocido como “El Togo”, quien es uno de los dueños de estos espacios.
La mujer de 65 años, quien trabajó durante 20 en los campos, relató que emigró de Cosalá, un pueblo a 164 kilómetros de Culiacán, para llegar a Villa Juárez cuando tenía 11 años.
Explicó que hay otro esquema de vivienda en el que los campos albergan a las personas mientras trabajan para ellos, y aunque tienen mayor seguridad se vive bajo medidas estrictas de vigilancia.
Esto sucede, precisó, en los campos Victoria, El Chaparral, Santa Teresa, El Serrucho y Nogalitos, de la empresa Melones Internacionales, siendo éste último el único que les permite tener visitas una vez a la semana, pero de manera general no les dan oportunidad de convivencia entre ellas, y en caso de enfermedad las despiden sin ningún amparo legal.
Amalia afirmó que la gran mayoría de la población de Villa Juárez son migrantes, quienes ya suman 70 mil habitantes, según datos del ISM.
Esa población llega hablando hasta 16 lenguas originarias, lo que ha generado dificultades para ejercer su derecho a la salud y a la justicia debido a la falta de intérpretes.
Estas mujeres triquis, zapotecas, tarascas, mayas, huicholas y tlapanecas, entre muchas otras etnias, que trabajan en los campos –que contratan hasta 500 trabajadores por día– “viven mal”, comen en la tierra, en condiciones poco favorables, son acosadas sexualmente, viven violencia sexual y física, y además no cuentan con seguridad social pese al esfuerzo físico del trabajo en el campo.
Ellas presentan enfermedades en la piel, que las atribuyen a la exposición al sol, a la tierra o por el contacto con los agroquímicos, explicó Amalia. También padecen problemas de columna y en sus pulmones debido a los baldes que tienen que cargar en su espalda durante su jornada laboral.
=LOA=
(CIMAC)
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