Lynne Stewart
Foto: Not my tribe
La liberación de la prisionera política Lynne Stewart, de 74 años, por las autoridades estadounidenses, pone en evidencia la errada interpretación de las leyes en el país norteamericano, afirmó hoy la publicación digital Rebelión.
Stewart fue liberada el pasado 31 de diciembre tras pasar casi cuatro años encarcelada, acusada de haber “colaborado materialmente con un grupo terrorista”, agregó el medio electrónico.
El hecho a partir del cual el gobierno inició el proceso contra Stewart fue que la abogada defensora del clérigo egipcio preso Sheik Abdel-Rahman entregó a la agencia de noticias Reuters un comunicado de prensa de éste sobre la situación política en Egipto.
Stewart formó parte del equipo liderado por el jurista y ex fiscal general de la nación Ramsey Clark a cargo de la defensa de Abdel-Rahman, acusado de pertenecer a una organización islámica armada opositora al gobierno del entonces presidente Hosni Mubarak en Egipto, por lo que fue condenado a 65 años de cárcel.
En 2000, agregó Rebelión, Abdel-Rahman pidió que la abogada difundiera un comunicado de prensa y según ella actuó motivada por el concepto básico de que un abogado debe ayudar a su defendido, y que un acusado político puede ser hoy terrorista y mañana un disidente político legal, e incluso ocupar altos cargos.
En el momento en que Stewart le entregó a Reuters el comunicado no existían leyes que penalizaran dicha acción, explicó la publicación.
Sin embargo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 las leyes cambiaron y en 2002 el fiscal general del gobierno de George W. Bush, John Ashcroft, acusó a Stewart de “ayudar a un grupo terrorista” al difundir un comunicado de prensa.
Posterior a su condena a 28 meses de prisión, Stewart y el fiscal del gobierno apelaron la sentencia al cuestionar la legalidad del juicio y solicitaron su anulación.
No obstante, el gobierno de Barack Obama reclamó que 28 meses representaban un castigo muy leve y en noviembre de 2009 la Corte de Apelaciones aumentó drásticamente la condena a 10 años, al usar las propias declaraciones de la acusada cuestionando la validez del juicio como una falta de respeto a las leyes del país.
Rebelión sostuvo que el caso fue considerado por numerosos juristas como un claro ejemplo de violación de los derechos básicos de un acusado al acceso a un abogado defensor, al igual que la negación del derecho de un preso a la privacidad en la relación con su abogado.
En declaraciones a medios de prensa tras su liberación, la activista dijo que luchará por los presos políticos y las mujeres encarceladas en un sistema donde permanecen silenciados y maltratados un gran número de presos políticos y millones de pobres y marginados.
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(CIMAC)
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