Jesús Alberto Capella Ibarra
Foto: Enlace Informativo
El cambio en la estrategia de seguridad que se prevé implementar en el estado de Morelos con la llegada del ex secretario de seguridad de Tijuana, Jesús Alberto Capella Ibarra, al frente de Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), vulnerará aún más a las mujeres morelenses que desde hace varios años se enfrentan a una grave ola de violencia.
Así lo consideró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), al difundir un comunicado en el que manifestó su preocupación de que los cambios en la estrategia de seguridad local incrementen además de la violencia feminicida, el clima de persecución y hostigamiento a defensoras humanitarias, activistas y periodistas.
Al iniciar este año, el gobernador Graco Ramírez removió a Alicia Vázquez Luna de la SSP y en su lugar colocó –pese a que no reúne los requisitos establecidos en la Constitución local para ser funcionario– a Capella Ibarra, quien fue dos veces secretario de seguridad en el municipio de Tijuana, Baja California (BC).
Capella Ibarra, quien antes de integrarse a la función pública era abogado y activista de BC, fue ampliamente cuestionado por carecer de una estrategia clara para disminuir los índices delictivos que llevaron a que en 2008 (durante su primera gestión) Tijuana fuera identificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo.
Al ser presentado en su nuevo cargo en el gobierno morelense, Capella –quien como funcionario en Tijuana dijo simpatizar con la pena de muerte– aseguró que en seis meses se verán resultados en Morelos, y que la estrategia de seguridad será la misma que la implementada en Tijuana (basada en la militarización de la entidad), pues con ella “se pudieron disminuir el número de secuestros y extorsión”.
En ese contexto, la CIDHM manifestó su preocupación de que el ex funcionario tijuanense impulse una estrategia de seguridad sin visión de género y de respeto a los Derechos Humanos (DH).
A decir de la organización, el gobierno de Morelos ha adoptado las peores políticas de seguridad y “las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, especialmente para las mujeres”.
Calificó la estrategia que propone Capella como una exigencia del sector empresarial, que demandó la implementación de “políticas de mano dura militarizadas” a cambio de generalizar las violaciones a los DH de opositores, defensoras, periodistas y migrantes.
La CIDHM denunció nuevamente que el gobierno estatal ha sido omiso para atender la violencia de género, y ahora “pretende seguir culpando a las mujeres de ser responsables de su propia muerte”.
Y es que la organización informó que en las dos primeras semanas de 2014 perdieron la vida de manera violenta cuatro mujeres, sin que el gobierno local abordara el acceso a la justicia de las víctimas de estos asesinatos durante el Foro Internacional de los Derechos de las Víctimas en Materia de Verdad, realizado en Cuernavaca el pasado 11 de enero.
En 2013 se registraron 438 muertes violentas y 52 casos de feminicidio, sin que los gobiernos local o federal hayan aceptado declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, pese ser una reiterada exigencia ciudadana.
=CIMAC=
Comentarios recientes