Foto: Escobar News
Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública, informó que en los últimos dos meses y medio en todo el país han cesado a más de 500 profesores, quienes por asistir a marchas o mítines faltaron a clases tres días seguidos o en un lapso de un mes.
Como lo establece la Ley del Servicio Profesional Docente, en vigor desde septiembre de 2013, los maestros faltistas fueron despedidos después de tres días de ausencia en sus aulas, por lo que su contrato laboral con la SEP concluyó y es irrevocable, aunque aún pueden impugnar ante el Poder Judicial.
Al término de la inauguración del primer Foro Regional sobre Educación Básica, en el marco de la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, Chauyffet Chemor reiteró que no se puede revocar el despido, pero que estos actos se pueden impugnar ante el Poder Judicial.
“El maestro tiene derecho a la protesta, como cualquier ciudadano, y puede ejercerla con plenitud, excepto cuando deja a los niños sin clases. En ese caso está resolviendo su derecho a la protesta, pero conculcando el derecho de los niños a ser educados, es decir, nulificándolo. Eso no es permisible, y ahí hay sanción”, afirmó el funcionario federal.
Tras aclarar que los gobiernos estatales fueron los que aplicaron las sanciones administrativas que concluyeron en despidos, estableció que la SEP también ha cumplido su responsabilidad, aunque algunos digan lo contrario.
“Siempre encuentro algunas personas diciendo ‘él se está lavando las manos’, no me estoy lavando las manos; hay un acuerdo que obliga a los gobiernos estatales”, aclaró el titular de la SEP al explicar que las entidades tienen la obligación de levantar las actas administrativas porque tienen la autoridad administrativa y operativa de la educación.
Aunque el secretario no detalló en qué entidades radican los maestros despedidos, informó que “la sanción ya se está aplicando en el país. Más de 500 personas han sido cesadas y muchos han sido apercibidos de que si llegan a las tres faltas, la relación laboral termina”.
Enfatizó que “las sanciones no son revocables, lo digo con toda firmeza y, en todo caso, es a través de una autoridad judicial como pueden combatirse, como usted y yo podemos ir a un juez a impugnar una decisión que creemos que nos causa perjuicio sin estar fundada. Eso lo puede hacer cualquier mexicano, pero evidentemente la autoridad administrativa, una vez que pronuncia su decisión no la va a revocar”, aseveró.
Dijo también que las actas administrativas van cambiando día a día y lamentó que ese proceso ocurra, y estableció que 500 maestros representan un ínfimo porcentaje respecto del número de docentes que hay en el país, porque “la inmensa mayoría de los maestros es gente que trabaja, que resuelve su labor en el aula, que alienta con el conocimiento el impulso vital de nuestros alumnos. Los buenos maestros son una gran mayoría”, aclaró.
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(Excélsior)
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