Cámara de Diputados
Foto: El Porvenir
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en su sesión de este miércoles, tres dictámenes de reforma a la Carta Magna que tienen que ver con el derecho a la identidad y gratuidad del acta de nacimiento; el trabajo infantil y la responsabilidad de los servidores públicos municipales.
El primer dictamen, relativo a la minuta que reforma y adiciona el artículo 4º de la Carta Magna en materia de derecho a la identidad y gratuidad del acta de nacimiento, pretende reconocer el derecho a la identidad, lo que permitirá a la niñez adquirir un nombre y una nacionalidad.
Lo anterior implica el acceso del infante a un conjunto de derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.
Detalla que un recién nacido inscrito en el Registro Civil adquiere diversos beneficios, entre ellos el de la identidad, lo que implica conocer también la identificación de sus progenitores y a tener un nombre y apellido; además, debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, lo que supone el inmediato reconocimiento del Estado de su existencia.
Considera procedente establecer en la ley fundamental que los gobiernos municipales, estatales y el Distrito Federal expidan de forma gratuita la primera acta de nacimiento cuando se lleve a cabo el registro correspondiente.
Para ello, la Comisión de Puntos Constitucionales modificó la minuta en su artículo tercero transitorio a fin de establecer que la Secretaría de Gobernación, previa opinión de las entidades federativas, establecerá un formato único en materia de registro de población.
Asimismo, de manera homologada se emitirán las actas de nacimiento, mediante mecanismos electrónicos en un plazo máximo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del decreto.
Otro dictamen avalado fue el que reforma la fracción III del apartado A, del artículo 123 de la Constitución en materia de trabajo infantil. La modificación plantea pasar de 14 a 15 años la edad mínima para desempeñar una actividad remunerada.
Señala que la finalidad es salvaguardar los derechos de los niños, reconociendo que la explotación infantil es un grave problema social que atañe a todas las naciones.
En la actualidad, en México los menores pueden trabajar a partir de los 14 años de edad; no obstante, el nuestro es uno de los países de América Latina que no ha ratificado el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que tiene por objeto regular el trabajo infantil y cuyo artículo 2º señala como edad mínima los 15 años.
“Razón por la que la UNICEF ha hecho un llamado urgente contra el trabajo infantil a nuestra nación”, quedó enfatizado en el dictamen.
El último dictamen corresponde a la minuta que reforma el tercer párrafo del artículo 108 constitucional en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.
El presidente de la comisión, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) recordó que en la presente legislatura se aprobaron reformas que tienen que ver con la transparencia y responsabilidad de los servidores públicos y del Instituto Federal de Acceso a la Información, así como a la figura de inmunidad constitucional, mismas que se encuentran pendientes de aprobación en el Senado de la República.
El dictamen aprobado este miércoles, dijo, armoniza el texto del artículo 108 de la Constitución, al incluir a los presidentes municipales, regidores y síndicos como responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales dentro del ejercicio de sus funciones.
Mencionó que el éxito en el control del ejercicio de recursos se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.
Precisó también que uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país actualmente es garantizar el desempeño honesto y transparente de cada uno de los servidores públicos respecto al ejercicio de sus funciones, así como erradicar la percepción negativa y desfavorable en torno al funcionamiento de las instituciones.
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