Foto: NTR Zacatecas
Organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos unieron fuerzas para apoyar la reciente reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este Delito.
En conferencia de prensa hoy, el Colectivo contra la Trata de Personas (Colectivo TDP) –integrado por organizaciones nacionales e internacionales– consideró que aunque la reforma puede ser perfectible, abre la puerta para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas y para que el aparato judicial tenga lineamientos más claros.
Cabe recordar que en octubre de 2013 fue presentada ante el Senado una iniciativa de reforma a la normatividad aprobada en junio de 2012, que derivó en que especialistas en el tema la calificaran como un retroceso en la materia.
Uno de los principales argumentos era que se dejaba de reconocer que las víctimas de estos delitos tienen daños específicos y que no se aseguraba la adecuada persecución del delito.
Ante ello, la Cámara alta realizó mesas de consulta para modificar la propuesta y finalmente el pasado 12 de febrero el pleno aprobó el dictamen que modifica la Ley General (que una vez que se promulgue quedará como Ley General en Materia de Trata de Personas). La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.
En este contexto, el Colectivo TDT informó que presentó ayer ante la Comisión Especial contra la Trata de Personas de la Cámara baja un documento con sugerencias para la revisión de la Ley General actualmente en vigor, que no busca detener la aprobación del dictamen pero sí señalar los “vacíos” que aún contendrá la norma pese a la reforma.
Mónica Salazar, directora ejecutiva del Colectivo, sostuvo que “no impulsar cambios sobre la legislación y las políticas públicas que ya sabemos están siendo ineficaces actualmente, es no querer luchar contra la trata”.
En declaraciones a Cimacnoticias, la también abogada explicó que la legislación aprobada en 2012 obstaculizaba la adecuada persecución de los tratantes y de los delitos, pues desglosó la definición de “trata” en varios supuestos para los que estableció sanciones.
Es decir, definió diversas formas de trata de personas y estableció sanciones, pero no instauró tipos penales claros y precisos para cada supuesta definición, lo que hace imposible que actualmente los delitos sean investigados y sancionados adecuadamente.
La legislación aún vigente –dijo– “tiene un grave conflicto porque estipula seis bienes jurídicos a tutelar”, lo que implica confusiones y falta de adecuada actuación de los ministerios públicos.
Mónica Salazar precisó que si bien la iniciativa del Senado no cumple con todos los criterios que las organizaciones civiles señalaban (como la adecuada definición y delimitación de lo que se entiende por trata y explotación sexual), sí aporta mucho más que la ley vigente. “Por eso desde el colectivo decidimos acompañar la reforma”, aclaró.
En entrevista, José Bonilla, director de la Fundación de la Mano con la Justicia, señaló que en la legislación actual y en la reforma no está diferenciado claramente lo que es la trata y la explotación, condiciones fundamentales para saber cómo se va a atacar un flagelo y se va a perseguir el otro.
Apuntó que la Ley General –en revisiones posteriores– tendrá que tipificar el delito de trata de personas para que esta definición sea replicada en los estados, y los demás delitos conexos que se quieren adecuar a la trata también sean definidos a nivel local.
El tipo penal que propone el Colectivo establece que “comete el delito de trata de personas el que capte, traslade, entregue o reciba a otro, valiéndose de la amenaza, la violencia, la privación de la libertad; el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; con la finalidad de someterlo a cualquier tipo de explotación”.
Entendiendo explotación como el trabajo forzado, explotación sexual, prostitución forzada y extracción de órganos.
Bonilla también señaló que es “tan brutal el daño que el delito de trata de personas provoca en las víctimas que el catálogo de derechos (propuesto en la reforma) es insuficiente para verdaderamente lograr la recuperación”.
En ese sentido, desde el Colectivo se hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que “el bienestar de las víctimas esté por encima de cualquier otro principio o derecho”:
Mauro Vargas, director de Género y Desarrollo, sostuvo que una vez que la reforma sea aprobada en la Cámara baja, la sociedad civil hará presión para lograr la mayor coordinación entre instancias gubernamentales, así como para que se lleve a cabo la creación de protocolos de atención e investigación.
Además dijo que desde la sociedad civil se reforzarán las campañas de prevención de la trata y se buscará trabajar de manera coordinada con los gobiernos, toda vez que la “reforma abre las puertas para impulsar estas labores”.
Otro de los “vacíos” de la reforma del Senado, a decir del Colectivo, es que no se está considerando el trabajo infantil como una forma de explotación, ni la trata de personas menores de edad con fines de explotación laboral.
En el Colectivo TDP también participan el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, y Ririki Intevencion Social, entre otras.
=AZM=
(CIMAC)
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