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Los partidos políticos se alistan para el debate de las leyes secundarias de la reforma político-electoral promulgada en febrero pasado, mismas que deben quedar aprobadas en el Congreso antes del 30 de abril.
Las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD ya presentaron sus propuestas, en las cuales sostienen algunas diferencias sobre la forma en que buscan implementar esta reforma constitucional que, entre otros aspectos, contempla la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE).
1. El modelo legal
Los partidos han presentado modelos regulatorios distintos para reglamentar la reforma constitucional en materia política y electoral.
El PRD, partido que fue el primero en difundir sus iniciativas, presentó cinco leyes: una sobre instituciones y procedimientos electorales, una de asociaciones políticas, una sobre medios de impugnación, otra de delitos electorales y una más sobre propaganda gubernamental.
En cambio, el PRI consideró suficiente la creación de dos nuevas normas: la Ley General Electoral y la Ley de Propaganda Institucional, y también planteó reformas a las normas orgánicas del Congreso y del Poder Judicial de la Federación; por su parte, Acción Nacional sólo presentó su proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2. Atracción de comicios locales
Las propuestas de los tres principales partidos contemplan que el nuevo INE pueda asumir la organización de unos comicios estatales o municipales cuando así se lo soliciten los órganos electorales locales; sin embargo, presentan divergencias sobre los casos en que la autoridad nacional está facultada para asumir esta función sin una petición de su contraparte en los estados.
Los priístas plantean que el INE organice los procesos electorales locales cuando en un estado o municipio haya «factores sociales» que pongan en riesgo a la ciudadanía, o cuando en el proceso exista una «injerencia comprobable» de parte de funcionarios públicos.
Según la propuesta del PRD, el INE podrá hacerse cargo cuando la autoridad electoral local se encuentre incompleta o cuando estén «en riesgo» los principios que deben regir una contienda, como la equidad.
La propuesta panista tiene elementos comunes con los otros dos proyectos pues señala que el INE podrá atribuirse el control de procesos locales cuando los institutos estatales no garanticen “el adecuado desarrollo de las elecciones”, o cuando existan “indicios” de injerencia por parte de los gobiernos locales, organismos empresariales, gremiales, religiosos o personas físicas y morales nacionales y extranjeras.
La iniciativa del PAN establece que será el Consejo General del INE quien deberá determinar por al menos ocho votos (de 11 posibles) si se cumplen las condiciones mencionadas.
3. Causales de nulidad
En la reforma constitucional en materia político-electoral quedó establecido que una elección podrá anularse cuando el aspirante rebase el tope de gastos de campaña, adquiera tiempo en medios electrónicos o utilice recursos de procedencia ilícita; pero los detalles de estas causales de nulidad quedaron pendientes para resolverse en la legislación secundaria.
La propuesta de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del PRD busca incluir otras causales de nulidad como la intervención de gobiernos en la contienda, el uso de encuestas como propaganda, el apoyo de sindicatos a candidatos o el respaldo de partidos a aspirantes independientes.
Por su parte, el proyecto del PRI de Ley General Electoral incorpora un sistema de nulidad de elecciones, por violaciones graves, dolosas y determinantes; y define nuevos delitos en materia electoral, dejando también establecido con qué pruebas éstos podrán ser sustentados y motivados ante las autoridades electorales, pues buscan acabar con denuncias frívolas.
4. Publicidad gubernamental
En su iniciativa de Ley de Propaganda Institucional, el PRI plantea que el gasto en ese rubro deba respetar los límites fijados en el presupuesto anual de cada dependencia, aunque no establece un monto específico. En contraste, la propuesta del PRD llama a que esas erogaciones no rebasen el 0.05% del presupuso anual de cada institución pública.
En la propuesta panista se prohíbe expresamente que autoridades o servidores públicos difundan propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales –de la misma forma en que está estipulado en la actual legislación electoral–, sin embargo, no se ha presentado un proyecto de regulación de la publicidad gubernamental fuera de los periodos electorales.
=ADN Político=
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