La organización ambientalista internacional Greenpeace demandó al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, retirar los cargos contra la activista Rosina González, quien es acusada de allanamiento de morada y daño a un reflector cuando realizó una protesta en instalaciones de la paraestatal en el estado de Veracruz.
Rosina enfrenta en libertad un proceso penal luego de que el pasado 1 de marzo, junto con cinco activistas más, subió a un edificio de Pemex en el puerto de Veracruz y desplegó una manta de 128 metros cuadrados con la imagen de Enrique Peña Nieto (replicado de la revista estadounidense Time) y la pregunta “Saving México?”, para denunciar la política energética del gobierno mexicano.
En entrevista, Aleida Lara, vocera de Greenpeace y quien participó en esa protesta, explicó que ese día entraron al edificio, subieron al último piso y desplegaron la manta, tras lo cual fueron detenidos por la policía naval que los retuvo en la base naval Playa Linda, sin informarles de qué estaban acusados. Después fueron trasladados a oficinas de la Procuraduría General de República en la entidad.
Los seis activistas pagaron en conjunto una fianza de cerca de 100 mil pesos para continuar su proceso penal en libertad, aunque el monto fue considerado desproporcionado toda vez que los integrantes de Greenpeace entraron de manera pacífica a un edificio público y no a un domicilio particular.
De acuerdo con Lara, los seis activistas estuvieron detenidos cerca de 28 horas de manera injustificada por expresar su rechazo a la política energética de México basada en el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, que lejos de salvar a nuestro país lo condenan a un escenario de mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y más cambio climático.
Rosina participó en la protesta para exigir que México cumpla con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y para la Transición Energética, que establece una meta de 35 por ciento de participación de energía proveniente de fuentes renovables para el año 2024. La mujer fue una de las dos personas que a rapel desplegó la manta.
Aleida Lara señaló que si bien los seis activistas fueron acusados de allanamiento de morada, sólo a Rosina le agregaron el delito de daños, en este caso por romper una lámpara o reflector valuado en poco más de 78 mil pesos.
Lara destacó que para Greenpeace los cargos son “absurdos” porque recibieron un trato de criminales cuando sólo hicieron una manifestación. Agregó además que no hay pruebas de que la activista fuera responsable de algún daño ni si en realidad se rompió una lámpara, por lo que consideró que esto sólo es un “acto de intimidación”.
Para la organización ambientalista perseguir penalmente a una persona y privarla de su libertad imputándole este daño es “tan ridículo y desproporcionado” que resulta un intento descarado por criminalizar y acallar la protesta social, por lo que grupos civiles y activistas se sumaron a la exigencia de Greenpeace y pidieron a Emilio Lozoya, en una carta pública, que retire los cargos contra Rosina.
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(CIMAC)
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