Foto: César Martínez López
CIMAC
Detenciones arbitrarias, insultos, golpes, humillaciones, violencia física, pero además violencia sexual son las imágenes que definen la tortura, según relataron sobrevivientes de este flagelo; mujeres que acusan al Estado de ejercer un control represivo a través de militares, marinos y policías.
En conferencia de prensa y al conmemorarse ocho años de los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, un grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual se unieron para denunciar que si bien la tortura es una práctica que busca acallarlas, no será una causa para amedrentar sus luchas.
Afirmaron que el Estado sigue utilizando la tortura sexual como una práctica para silenciar a las personas y a los movimientos sociales, pero dijeron que también se convirtió en una estrategia para obtener confesiones y obligar a las personas a no desmentir a las fuerzas de seguridad.
Nueve mujeres compartieron su historia. Valentina fue violada en 2002 por militares; Italia fue atacada sexualmente en 2006 por policías federales; Verónica fue torturada por agentes en 2011; Miriam fue agredida en 2011 por soldados, y Claudia fue violada en 2012 también por militares. Para todas ellas la tortura fue una táctica deliberada.
Edith Rosales, una de las mujeres de Atenco, dijo que a pesar de que los casos son diferentes en todos hay coincidencias: mujeres detenidas, golpeadas y violadas. “Estuvimos en la misma situación, parece que fuimos detenidas por las mismas personas. Eso es porque es una estrategia”, aseveró.
Ante esta situación las mujeres de Atenco, quienes mantienen una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no encontrar justicia en México, anunciaron que desde hoy y hasta el próximo 25 de noviembre mantendrán la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, para hacer visibles estos casos.
Las mujeres sobrevivientes de los operativos de 2006 recordaron que además de ellas hay más mujeres, por ejemplo Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca del estado de Guerrero que fue interceptada y violada por militares en 2002, mientras lavaba ropa en un arroyo cerca de su casa.
También está el caso de Miriam López, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, donde fue violada y torturada con descargas eléctricas y asfixia para que se declarara culpable de narcotráfico y acusara a otras personas del mismo delito.
Uno más es el de Verónica Razo, detenida en junio de 2011 por agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, a fin de que se autoinculpara de secuestro y quien permanece presa en el Centro de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit.
Otra víctima es Claudia Medina, detenida por marinos en agosto de 2012 en Veracruz y torturada física, sexual y psicológicamente para que se declarara culpable de ser parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, y quien ahora permanece en libertad condicional.
Tortura sexual, reflejo de impunidad
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que la violencia sexual nunca es un error, un desliz ni tiene nada de casual, e indicó que ninguna autoridad se equivoca cuando abusa de una mujer.
“Dicha práctica, sólo demuestra la imposición de un sistema patriarcal para disponer de las mujeres”, explicó al afirmar que la tortura sexual revela la “impunidad machista” con la que la sociedad y las instituciones de gobierno aceptan la violencia hacia las mujeres.
Lamentó que en medio del contexto de asesinatos por razones de género, las sobrevivientes que deciden denunciar no tienen condiciones favorables para tener justicia. “Ese puñado de mujeres reman contra corrientes estructurales”, observó.
Por su parte Arturo Ávila, integrante de Amnistía Internacional, destacó que en este tema hay una década de compromisos incumplidos, ya que mencionó que no hay un mecanismo para prevenir y mucho menos para castigar esta práctica.
“Hasta el día de hoy la impunidad continúa siendo la mejor garantía de repetición para este grave abuso a los Derechos Humanos y el principal obstáculo que encuentran las víctimas al momento de tener el coraje para levantar la voz”, aseguró.
A través de la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, las mujeres denunciantes buscan informar sobre el patrón sistemático de la tortura que enfrentan las mexicanas detenidas por agentes policiales, militares o marinos, que deberían proteger a la ciudadanía.
La campaña constará de pronunciamientos y conferencias y es promovida por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, así como por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Asociadas por lo Justo.
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(CIMAC)
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