Foto: Heterodxia
Con siete años de retraso, finalmente el Ejecutivo federal promulgó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) –mandatado en la ley desde 2007–, y el cual tiene como fin coordinar el trabajo interinstitucional para erradicar este flagelo entre las mexicanas.
El decreto –publicado el pasado 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación– define que el PIPASEVM tiene como base normativa todos los acuerdos y tratados internacionales signados por México en la materia, por lo que su cumplimiento es obligatorio.
El Programa tiene cinco objetivos (divididos en 16 estrategias y 118 líneas de acción), con los cuales el Ejecutivo busca detener la violencia contra las mujeres, garantizar a la población femenina el acceso a la justicia, así como crear servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.
El PIPASEVM estaba pendiente desde febrero de 2007 cuando se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que en su capítulo II establece la creación de un programa que tendría como objetivo la coordinación interinstitucional para generar acciones que promuevan “el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos de las mujeres”.
Además, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ya había urgido al Estado mexicano implementara ese programa como una forma de aterrizar la LGAMVLV en beneficio de la población femenina y no sólo como discurso.
El 29 de octubre de 2013, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizaron el Foro Nacional de Consulta para la elaboración del Programa Integral, en el que participaron académicas, feministas, activistas, grupos civiles y representantes estatales.
Tras las mesas de trabajo, organizaciones ciudadanas esperaban que el PIPASEVM fuera promulgado el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tal y como lo había anunciado en su momento Lorena Cruz, titular del Inmujeres.
Entre sus objetivos, el PIPASEVM establece: fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres; garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, así como garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia.
También busca asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción, y finalmente fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Si bien la mayoría de las líneas de acción recae en la responsabilidad del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dentro del Programa se asigna de manera específica las líneas de acción que cada dependencia federal deberá llevar a cabo.
Por ejemplo, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social “promover la traducción con enfoque de interculturalidad de la LGAMVLV”; a la Procuraduría General de la República la integración del Banco Nacional de Información Genética “con registro de familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio”.
En tanto, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le corresponde crear áreas especializadas para detectar, atender y denunciar maltrato, hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo; mientras que a la Segob le toca impulsar los lineamientos para “eliminar la apología de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación y productos publicitarios”, así como “promover que los medios de comunicación difundan las relaciones familiares igualitarias y respetuosas”.
Dentro del diagnóstico que se incluye para la elaboración del Programa se sostiene que existe una insuficiente armonización legislativa que promueva y garantice la no violencia contra las mujeres, y critica incluso que existan aún ordenamientos jurídicos que vulneran a las mexicanas, como aquellos en los que todavía se considera como un mecanismo de reparación del daño el matrimonio con niñas a partir de los 12 años de edad.
=CIMAC=
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