Foto: Revolución Tres Punto Cero
Mientras el Congreso de Guerrero aplazó hasta el próximo periodo de sesiones en junio la discusión de la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad –enviada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero el pasado 6 de mayo–, los intentos de los grupos Provida por detener el proyecto se hacen más fuertes.
El pasado jueves, último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el diputado por el PAN y presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Camacho Peñaloza, subió a tribuna y a nombre de las comisiones unidas de Justicia, Salud, y Equidad y Género (a las que fue turnada la iniciativa para su eventual dictaminación) anunció que el dictamen para despenalizar el aborto al igual que en el DF no sería presentado en la sesión.
Posteriormente en rueda de prensa, Camacho Peñaloza, junto con el perredista y secretario de la Comisión de Salud, Roger Arrellano Sotelo, y la también perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, dijeron que se acordó no presentar el dictamen, ya que “falta más información para poder sustentarlo”.
Anunciaron que se realizarán foros y debates para conocer las opiniones de diversos actores de la sociedad civil, y que en breve serían anunciadas las bases para acudir a estos encuentros.
Cabe recordar que el pasado 13 de mayo el Congreso de la Unión –a iniciativa del PAN– aprobó un llamado al Poder Legislativo de Guerrero, para que lleve a consulta popular la iniciativa de despenalización.
Ese mismo jueves 15 de mayo, a las puertas del Palacio Legislativo se manifestaron tanto activistas a favor de la iniciativa como grupos contrarios a la despenalización, que incluso lanzaron amenazas de excomunión contra las y los legisladores guerrerenses.
Como parte de la ofensiva clerical, la Arquidiócesis Primada de México condenó ayer la propuesta y sostuvo que de aprobarse, Guerrero se convertirá en una entidad “asesina de inocentes” e incluso acusó al gobernador Aguirre Rivero de utilizar la propuesta como “una cortina de humo” para ocultar la realidad de “un estado castigado, hambriento, empobrecido y depredado por los responsables del bien común”.
La iniciativa enviada por el mandatario local argumenta que las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal estatales no buscan establecer un nuevo método de anticoncepción o de planificación familiar, sino que responden a recomendaciones internacionales a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Ya desde el pasado 7 de mayo, tal mensaje se difunde en el micrositio web creado por el Congreso de Guerrero para promover el debate de la iniciativa.
“No se promueve el aborto como una práctica recurrente o un método anticonceptivo, no se promueve la promiscuidad o algún otro tipo de conducta, pero sí se establece un cambio jurídico necesario para la implementación de una política pública destinada a la prevención de un problema detectado por las autoridades correspondientes y que se ha convertido en demanda de diversos grupos sociales”, se lee en la página de internet.
Como argumentos del proyecto de ley se exponen las cifras de muerte de mujeres por abortos inseguros, que dan cuenta que entre 2000 y 2008 fallecieron 141 guerrerenses por esta práctica, la cifra más alta del país.
Se destaca también que con la despenalización del aborto en el DF no se ha registrado ningún fallecimiento por ese motivo. Asienta que en la Ciudad de México se han realizado más de 100 mil interrupciones del embarazo en condiciones legales y seguras.
Derecho a decidir
En tanto, organizaciones civiles como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) sostiene que en la discusión de la iniciativa se debe ponderar el “derecho a la vida de las mujeres”.
A lo que se suman la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine México, quienes en conjunto promueven el hashtag #ILEGroYA.
Además, mediante el portal Change.org, REDefine lanzó una petición a la diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo, para que como presidenta de la Comisión de Equidad de Género apruebe la iniciativa en favor de la salud, la vida y la autonomía de la población femenina.
En la petición –a la que se invita a la sociedad civil a sumarse– se sostiene que como presidenta de la Comisión de Equidad su responsabilidad es aún mayor ante una ley que penaliza el aborto “como actualmente sucede en la entidad, es injusta e ineficiente porque criminaliza a la pobreza y la falta de oportunidades de miles de mujeres, en particular de las mujeres indígenas.”
Mientras, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en un comunicado su apoyo a la iniciativa, y sostuvo que el proyecto atiende a recomendaciones internacionales y garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Dicha iniciativa merece atención y respaldo”, dijo el Alto Comisionado, además de que llamó a las y los diputados a aprobar las reformas y alentó a otros estados del país a avanzar en la materia.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el cual fue electo gobernador Ángel Aguirre, contaría con la mayoría legislativa en el Congreso local para aprobar la medida si se suman los votos del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano.
=AZM=
(CIMAC)
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