Pedro Joaquín Coldwell
Foto: El Economista
La confrontación entre el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que acusa al funcionario de incurrir en un conflicto de interés por ser accionista de empresas del sector, revive los «vacíos» que existen en las leyes mexicanas para prevenir y enfrentar ese tipo de situaciones, según especialistas en transparencia y rendición de cuentas.
Alejandro González Arreola, director de la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), consideró válidos los argumentos de la Sener, en el sentido de que Joaquín Coldwell no viola ninguna ley porque adquirió su participación accionaria antes de ser nombrado al frente de la Secretaría de Energía (Sener), en diciembre de 2012.
Sin embargo, señaló que el caso refleja que la legislación mexicana actual tiene «lagunas» que no contemplan otros posibles escenarios de conflicto de interés, como cuando un funcionario con intereses económicos en cierta área al mismo tiempo encabeza la política gubernamental relativa a ese rubro.
«Lo que dice la Secretaría de Energía es totalmente correcto. Hay que ser claros con eso: con que ellos hubieran avisado (que Joaquín Coldwell tiene acciones) es correcto. El problema más bien es de otro tipo, es que sí tenemos un vacío legal en México», dijo.
El PRD señaló el martes que Joaquín Coldwell está en conflicto de interés y lo acusó de tráfico de influencias porque tiene acciones en al menos seis compañías del sector energético ubicadas en Quintana Roo —un estado del que fue gobernador de 1981 a 1987— y, al mismo tiempo, es promotor de la reforma constitucional que abre las áreas de hidrocarburos y electricidad a la inversión privada nacional y extranjera.
Estos cambios a la Constitución, a los que se opuso el PRD, fueron impulsados en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, bajo el argumento de que con ellos se modernizará la industria energética y aumentará el crecimiento económico.
Tras las acusaciones del PRD, presentadas por su vicecoordinadora en la Cámara Alta, Dolores Padierna, la Sener respondió el mismo martes que su titular no viola ninguna ley porque obtuvo su participación accionaria antes de ser nombrado titular de la dependencia y porque oportunamente informó de su condición de accionista a las autoridades financieras del país.
En un comunicado, la Sener afirmó que Joaquín Coldwell «nunca ha interferido para solicitar beneficio alguno, como legislador o funcionario, para las empresas aludidas», así como que «no participa en la administración de las empresas citadas y se mantiene al margen de sus operaciones mercantiles».
Para González Arreola, sin embargo, la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no obliga a los funcionarios a comprobar que no tienen poder de decisión en una compañía, lo que abre la puerta a que caigan en conflictos de interés si cuentan con acceso a información privilegiada que puedan aprovechar en su favor.
«La Secretaría de Energía tiene la razón en este momento, pero es más debido a una laguna en la ley que a que la situación sea correcta», mencionó.
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(ADN Político)
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