Foto: Chacatorex
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) buscó reunirse con el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, para que éste informara sobre las acciones para detener la violencia contra las mujeres, pero la respuesta inicial del gobierno local fue que en el Estado de México “hay cosas más graves que atender”.
Ayer, como parte de la campaña “Ni un feminicidio más en el Estado de México; declaratoria de Alerta de Género ya”, integrantes del OCNF viajaron a Toluca, capital del Edomex, para reclamar justicia para las más de mil 500 mujeres asesinadas entre 2007 y 2013, y las más de 600 mujeres menores de 20 años que han desaparecido durante la actual administración.
Las activistas no lograron reunirse con el gobernador mexiquense, aunque la tarde de hoy el gobierno del estado envió un correo electrónico al OCNF para informarle que Eruviel Ávila había recibido el mensaje e instruido que se atienda con apoyo del área correspondiente, por lo que dio un número de folio para dar seguimiento a la solicitud.
En un primer momento, en la Cámara de Diputados local se presentó el libro “Las muertas del Estado de México. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto”, una investigación de Humberto Padget que evidencia que las víctimas de violencia en la entidad también sufren un “viacrucis de impunidad”.
En el evento se denunció que en la gubernatura de Peña Nieto se permitieron este tipo de agresiones, pues las autoridades en lugar de proteger a las víctimas decidieron cuidar su imagen pública y cotos de poder.
Luego, las integrantes del OCNF se dirigieron al Palacio de Gobierno acompañadas de la Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México, la diputada local por el PRD Ana Yurixi Leyva Piñon, activistas como Norma Andrade, así como madres de víctimas, entre ellas Irinea Buendía, mamá de Mariana Lima Buendía, asesinada por un judicial mexiquense.
La demanda era agendar una reunión con el gobernador mexiquense, para conocer qué contiene el informe que está próximo a presentar al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SPASEVM), el cual tras una sentencia judicial tiene la obligación de indagar la violencia feminicida en el Edomex y determinar si procede la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Luego de tres años de un juicio de amparo se ordenó al Sistema a investigar la violencia de género en la entidad, pero de manera contraria a lo que demandaba el OCNF, la indagación la hará un Grupo Multidisciplinario integrado sólo por dependencias federales y sin especialistas de la academia, por lo que se teme un sesgo oficialista en los resultados.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, contó en entrevista que tras maltratos verbales por parte de elementos de seguridad que pretendían impedirles llegar a las puertas del Palacio de Gobierno, debieron encarar la negativa de los funcionarios y trabajadores de atender su demanda y de recibir la carta que buscaban hacer llegar al gobernador para pedir una reunión.
“Nuestra intención es conocer qué es lo que se va a informar a las integrantes del Sistema”, y si los datos y acciones de las que se dé cuenta se van a limitar a la gestión de Peña Nieto (mandato durante el cual se solicitó la AVG debido a los 922 casos de feminicidio registrados durante su gestión).
Y es que –a decir de Estrada– en la actual administración la violencia extrema contra las mujeres continúa e incluso han incrementado las desapariciones, a lo que se suma el intento gubernamental de maquillar las cifras y de no brindar información sobre el tema.
El OCNF ha registrado la desaparición de 600 mujeres de entre 11 y 20 años de edad y más de 560 asesinatos, aunque sólo 145 fueron acreditados como feminicidio.
“Y si el informe se va a limitar a lo que ellos ya archivaron o a las acciones paliativas que están emprendiendo y anuncian con bombo y platillo, pues el informe no tiene ningún sentido; ya que la investigación la harán las dependencias federales, éstas por lo menos deben incluir la voz de las víctimas”, demandó la activista.
La primera respuesta del gobierno local fue que las activistas entregaran el escrito a Oficialía de Partes y que “nos conformáramos con el sello”.
Después los funcionarios que las atendieron argumentaron que el tema no correspondía al gobierno del estado sino a la Procuraduría de Justicia local, “así que nos mandaron a la PGJ, sin considerar que el procurador acababa de renunciar”.
Tras la insistencia de las activistas y la presión de la diputada Ana Yurixi Leyva, finalmente una comitiva fue recibida por José Luis Bárcena Trejo, coordinador de Concertación de la Subsecretaría de Gobierno, y un funcionario de seguridad del estado, quienes les dijeron que “entendían la demanda, pero por el momento la reunión no era posible pues en el Estado de México hay problemáticas más graves que resolver”.
Bárcena Trejo dijo al OCNF que buscaría que antes de que se termine la investigación, el gobernador pueda reunirse con las activistas.
“No es que seamos pesimistas, más bien somos realistas y sabemos que la reunión tiene pocas posibilidades de realizarse, pues en todos estos años el gobierno del Edomex no ha hecho más que demostrar que no tiene interés por escuchar a las madres de las víctimas, tampoco en garantizar a las mujeres que habitan en la entidad que no serán asesinadas en cualquier momento, tan es así que la propia Fiscal de Feminicidio (con la que sostuvieron una reunión hace dos semanas) desconoce el número de casos”, criticó Estrada.
Por ello además de anunciar que continuarán con su exigencia de que Eruviel Ávila les rinda cuentas al respecto, y su demanda al gobierno federal de que sea activada de manera inmediata la AVG, las activistas decidieron emitir una Alerta Ciudadana.
“Era algo que teníamos pensado, pero a lo que nos rehusábamos, porque nosotras no somos Ministerio Publico y no tenemos la obligación de investigar, atender a las víctimas y sobre todo no tenemos las atribuciones de sancionar a los responsables de los delitos, pero no nos dejaron otra opción para impedir que las mujeres sigan siendo asesinadas o desaparecidas”, dijo.
Una de las acciones de la Alerta Ciudadana –que arrancó ayer en Ecatepec– es determinar rutas de riesgo para las mujeres con base en información de activistas o de propios familiares, es decir, que a partir de las denuncias que se presenten se puedan identificar cuáles son las calles, colonias o municipios donde se están desapareciendo o matando a las mujeres.
En segundo lugar se busca crear una base de datos alterna sobre los casos de violencia, no sólo feminicida, que sea alimentada por la ciudadanía y los informes de prensa, para contabilizar de manera clara la incidencia de casos.
También en esta primera fase de la Alerta Ciudadana se realizará un diagnóstico de acceso a la justicia, con base en los expedientes con los que cuenta el OCNF y demás grupos civiles de la entidad.
=AZM=
(CIMAC)
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