Diputadas propusieron una iniciativa a fin de abatir violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes.
Luego de que organizaciones civiles denunciaron violaciones a Derechos Humanos (DH) contra personas migrantes detenidas en México, diputadas federales propusieron crear una visa para el libre tránsito de mujeres centroamericanas en el país.
El pasado 6 de junio, la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Lorenia Iveth Valles Sampedro, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Migración a fin de crear una Visa de Tránsito para personas migrantes provenientes de Centroamérica (CA).
La visa, propuso la legisladora, sería concedida por 90 días, beneficiaría a las y los migrantes centroamericanos y tendría un costo de 10 dólares (130 pesos mexicanos).
Según un boletín de la Cámara baja, el objetivo de la visa es eliminar la corrupción y extorsiones de las que son víctimas las personas migrantes, y contar con un registro que permita localizar a personas desaparecidas.
Además Valles Sampedro propuso también reformar diversos artículos de la Ley de Migración, para establecer que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, corporaciones policiacas y seguridad federales, estatales o municipales, puedan detener a personas con el objeto de comprobar su situación migratoria.
Por lo que esa función debe corresponder sólo a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), con la acotación de que el Código Penal Federal debe tipificar como delitos graves cualquier violación a los DH de la población migrante.
En días recientes, grupos civiles y activistas denunciaron en informes, foros y pronunciamientos una serie de violaciones a los DH de las personas migrantes durante las detenciones y en su estancia en los centros del INM.
La organización Sin Fronteras presentó el pasado 3 de junio su informe “La ruta del encierro. Situación de las personas en estaciones migratorias y estancias provisionales”, en el que asentó que las y los migrantes no cuentan con representación legal ni traductores, no son informados sobre sus derechos ni sobre los avances de su deportación, y pasan más del tiempo debido en las estancias.
Además se reportó que las estaciones migratorias rebasan su capacidad de alojamiento, no cuentan con condiciones hospitalarias adecuadas, y las personas migrantes no reciben atención médica especializada en caso de requerirlo.
Durante el Foro Migraciones, celebrado el pasado mes de mayo en esta ciudad, las organizaciones civiles criticaron que no exista un registro de personas migrantes desaparecidas durante su tránsito por México, debido a que las instancias judiciales no realizan su trabajo y no apoyan a las familias.
Actualmente la Ley de Migración estipula dos tipos de visas: las humanitarias y las de trabajo. Las primeras las concede el INM si se comprueba que la vida de la persona migrante está en riesgo, ya sea en su país de origen o en México; mientras que la segunda es temporal y se otorga luego de que empresas o empleadores soliciten cierto número de personas para trabajar en el país.
Sin embargo, activistas también han denunciado que las y los migrantes sufren extorsiones al tramitar las visas o, en el caso de las humanitarias, tienen que lidiar con largos procesos burocráticos.
=AJSE=
(CIMAC)
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