Foto: El Informador
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código de Justicia Militar, que acota la jurisdicción castrense en casos de violaciones a Derechos Humanos (DH), pero ahora falta que los delitos contra militares también lleguen a la jurisdicción civil, dijo la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó que la reforma abre paso a una nueva comprensión y práctica del rol de la jurisdicción militar en México, ajustada a parámetros más restrictivos y excepcionales.
Sin embargo explicó que ahora toca hacer frente al reto de profundizar el debate sobre cómo garantizar que la jurisdicción civil conozca las violaciones a los DH cometidas por militares contra otros elementos de las fuerzas armadas, como medida para garantizar el derecho a la independencia e imparcialidad judicial, al debido proceso y al principio de igual protección ante la ley.
Consideró que sólo así se dará total cumplimiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a las recomendaciones formuladas por Comités de los Tratados, Relatores y Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas.
Cabe mencionar que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró también la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, aprobada por el Congreso en abril pasado, pero instó al Estado mexicano a aclararla, y es que en la modificación legal no se usa el término “violaciones a Derechos Humanos” (Cimacnoticias 2 de junio de 2014).
Javier Hernández Valencia, representante de la ONU-DH, afirmó: “La reforma debe ser vista también como una conquista de las víctimas que no han cesado en su legítima y admirable exigencia de justicia ante violaciones a los DH cometidas por militares, así como de quienes en México han combatido la impunidad y defendido incansablemente el debido proceso legal”.
“Una vez inhibido el fuero de guerra para conocer de delitos cometidos por personal militar en contra de civiles ha llegado la hora de que las autoridades civiles pongan fin a la impunidad que ha protegido y auspiciado estas conductas y acrediten que el esfuerzo de años por alcanzar la reforma tenga un efecto útil, especialmente para las víctimas”, añadió.
Cabe decir que esta reforma responde a casos como el de las hermanas González Pérez, violadas por militares en 1994; la desaparición del líder social Rosendo Radilla en 1974; la violación sexual de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en 2002, y la detención y tortura de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999.
=CIMAC=
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