CDHDF apoya proyecto del ministro Zaldívar sobre Florence Cassez

Foto: CDHDF.

1. La comisión rechaza enérgicamente la alteración indebida de escenarios donde se cometieron delitos porque ello termina contaminando la validez del proceso.

2. La CDHDF en ningún caso se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de las personas.

3. La comisión aclaró que «no defendemos delincuentes, ni procuramos o impartimos justicia penal; defendemos los derechos de todas las personas por igual«.

4. Para la CDHDF, «los derechos de las víctimas y los de las personas presuntas responsables no se oponen de ningún modo. Respetarlos a través de las reglas del debido proceso favorece la justicia, de lo contrario sólo se alimenta la venganza«.

5. Respecto al papel de los encargados de procurar justicia, la comisión señaló: «es obligación de policías, defensores públicos, fiscales y juzgadores, en cada una de sus actuaciones, respetar los derechos humanos tanto de las víctimas como de los procesados«.

6. El organismo dio a conocer su posición sobre la aplicación de los debidos procesos. «O compartimos la visión de quienes piensan que el debido proceso es un conjunto de tecnicismos o formalidades que pueden dejarse del lado cuando se tiene la ‘certeza’ de que alguien, por el tipo de delito que se le imputa, es de antemano culpable; esta visión favorece el autoritarismo, por encima del garantismo«.

7. La CDHDF reiteró que está a favor de una reforma de fondo en el sistema de justicia penal en México, lo cual ha quedado demostrado en diversos posicionamientos públicos.

8. La comisión reiteró su vocación democrática, «a través de Recomendaciones, informes especiales, acciones de inconstitucionalidad, amicus curie, entre otras acciones realizadas cuando las autoridades policiales, ministeriales o judiciales violan derechos procesales».

Finalmente, la comisión señaló que está a favor del proyecto del ministro Zaldívar porque es vanguardista, sólido, rigurosamente argumentado, el cual pone de manifiesto  violaciones a derechos humanos que son responsabilidad de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso del propio Poder Judicial de la Federación.

«Pero sobre todo, por su visión garantista del proceso penal, plenamente convergente con el respeto a los derechos humanos», concluye el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del DF.