Foto: Cámara de Diputados
Organizaciones de la Sociedad Civil entregaron a legisladores un desplegado en el cual manifestaron su preocupación por los contenidos del proyecto de reforma del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), basado preponderantemente en la propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en septiembre de 2011 y actualmente en discusión por parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
En dicho manifiesto señalan que la propuesta del Ejecutivo Federal, retomada casi en sus términos por la mencionada Comisión, desestima las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, del sistema interamericano así como la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidas al sistema penal mexicano.
Por la trascendencia de la propuesta de ley en la transición al sistema penal acusatorio – oral – adversarial, las organizaciones civiles interesadas en la urgente transformación del sistema penal mexicano hacen observaciones que figuran entre las más preocupantes.
El proyecto viola estándares internacionales y constitucionales en materia de medidas cautelares, al establecer y permitir que el Ministerio Público las imponga durante la etapa de investigación (Artículo 223), en franca contradicción con el artículo 19 constitucional que prevé competencia exclusiva del juez para hacerlo.
El código prevé un catálogo de delitos graves que excede el techo constitucional del artículo 19 (Art. 264 CFPP), lo que abriría la puerta a abusos en la determinación de medidas cautelares y prisión preventiva.
Es particularmente grave la implementación de cateos sin necesidad de orden judicial (artículo 333) a sitios de acceso público y de operaciones encubiertas y agentes infiltrados (311 a 320), mismos que no dejan claro el modo en que habrá control judicial en todo momento, abriendo la posibilidad de acusaciones inverosímiles, fabricación de culpables y allanamientos arbitrarios.
En el mismo sentido que el punto anterior, y no con menor gravedad, les alarma advertir que el nuevo proyecto de CFPP contemple tres excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de legalidad y abre la puerta a abusos tan graves como la tortura.
Al respecto cabe comentar que, según el artículo 291 del proyecto, “No se considerará violatoria de derechos humanos” información que “aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios”, o cuyo vínculo a los actos violatorios de derechos humanos sea “atenuado”, un término altamente ambiguo. Conforme al texto comentado, también sería admisible una prueba impugnada siempre y cuando la misma se obtenga de alguna fuente independiente de los abusos cometidos, aunque estuviera relacionada con ellos. Lo anterior, en el contexto actual mexicano, caracterizado por la persistencia y recurrencia de la tortura – lo cual ilustra el incremento de 550% en el número de quejas por este delito ante la CNDH en los últimos dos años -, abre la puerta a que fuerzas federales sigan cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones, para después argumentar que habrían llegado a cualquier dato por una vía legal.
Y resumen que el proyecto de CFPP se aparta por completo de la reforma constitucional de 2008 y de las recientes reformas en amparo y derechos humanos, e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio bajo formalidades que quieren simular un modelo acusatorio.
Asimismo, enumeran algunas consideraciones al respecto.
El proyecto en discusión no debe aprobarse ya que es contrario al espíritu del sistema penal acusatorio.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debe reorientar el proceso para formular un Código que sí responda a una lectura integral del marco jurídico mexicano y de las obligaciones internacionales de México.
Y por último, exhortan a las y los legisladores a abrir una consulta pública, informada y plural en torno a la reforma del CFPP que asuma la centralidad del respeto a la institucionalidad democrática, los derechos humanos y el espíritu del sistema acusatorio de justicia penal.
El desplegado está firmado por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», entre otros.
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