Foto: Congreso Puebla
El Congreso estatal de Puebla ha transgredido uno de los artículos transitorios de la Reforma que impulso el gobierno estatal para eliminar la sanción de cárcel en los casos de difamación y calumnias, lo anterior, luego que durante un año el Congreso estatal ha postergado la presentación de la Ley de Reputación, Honor y Prestigio, de la cual todavía no se tiene borrador pese a que el plazo para su aprobación venció en agosto pasado.
Dicha reforma contempla eliminar la sanción de cárcel en los casos de difamación y calumnias, los cuales ahora se persiguen bajo la figura de “daño moral” y con la imposición de multas, así lo publicó La Jornada de Oriente.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Josefina Buxadé Castelán, quien es una de las representantes populares que trabaja en el proyecto de ley, justificó el retraso al señalar que se trata de un tema “muy complicado” que requiere mayor trabajo de cabildeo entre las diversas fracciones legislativas.
El Congreso local anunció la iniciativa en febrero de 2011 en un intento de aminorar la condena que provocó la reforma del mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas para perseguir la difamación y calumnia como “daño moral”.
La ley, que ya opera en el Distrito Federal, busca regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión.
En abril del año anterior el coordinador de la bancada del PAN, Mario Riestra Piña, garantizó que la iniciativa se presentaría en el segundo periodo ordinario de sesiones de 2011, pero no se hizo.
Josefina Buxadé reconoció que el Congreso tenía 180 días para aprobar la iniciativa, pero el problema es que el incumplimiento de los plazos definidos en los artículos transitorios no amerita sanciones, por lo que al final “no pasa nada” si existe una omisión en ese sentido.
“No lo digo con cinismo, pero así es: se definen términos y nadie te dice quién lo tiene que cumplir, yo estoy trabajando en el tema porque me interesa sacarlo”, manifestó la legisladora albiazul, quien confió en que existan condiciones para aprobar la ley antes de que concluya la Legislatura en enero de 2014.
Detalló que uno de los conceptos que busca incluir en la norma es el de “malicia efectiva”, que según la ley en la materia del Distrito Federal obliga a los servidores públicos a probar que una información se difundió con la intención de perjudicarlos.
Comentarios recientes