Adoptan Magistrados Electorales compromisos ante los procesos electorales de 2012

Foto: TEPJF

Los Magistrados Electorales de la República Mexicana, inspirados en el Código Iberoamericano de Ética Judicial y en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, adoptaron en su función jurisdiccional los valores éticos que de ellos se desprenden y los transformaron en compromisos, en atención a los procesos electorales que se desarrollarán en 2012.

Los acuerdos firmados en el marco del Tercer Encuentro de Magistrados Electorales que se realizó en Boca del Río, Veracruz son:

• Fortalecer la función jurisdiccional electoral, mediante el estricto apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, transparencia, profesionalismo, excelencia e integridad en las decisiones que se adopten.
• Motivar de manera razonada las sentencias, con fundamento en la prueba de los hechos, redactándolas de manera coherente y clara, para cumplir estrictamente con las obligaciones de transparencia en favor de la ciudadanía.
• Establecer y ejercer políticas de gasto público de manera responsable y eficiente.
• Contribuir a hacer efectivo el derecho a votar y ser votado de todos los ciudadanos y ciudadanas, aplicando una interpretación progresiva de los derechos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.
• Coadyuvar, en el ámbito de nuestras facultades, a hacer efectiva la competencia justa y equitativa entre los candidatos y partidos políticos participantes en los procesos electorales.
• Resolver con moderación y prudencia, para que las resoluciones doten de seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía, contribuyendo así a una mejor democracia.
• Fomentar la cortesía y respeto entre todos los órganos electorales jurisdiccionales y administrativos, partidos políticos y organizaciones ciudadanas.
• Tornar efectivo el principio del federalismo judicial electoral, de modo que los diferentes contextos y particularidades estatales estén presentes en las decisiones judiciales.
• Fortalecer el diálogo entre los diversos órganos del Estado mexicano para garantizar el desarrollo de la función jurisdiccional.
• Colaborar al buen funcionamiento del conjunto de las instituciones judiciales electorales, aportando responsabilidad, conocimiento y voluntad institucional.