Foto: UNAM
La tolerancia al consumo de las consideradas drogas legales como el alcohol y el tabaco, e incluso la promoción involuntaria de las mismas al interior de algunos hogares, es la raíz de la honda problemática del consumo de estupefacientes en nuestro país, coincidieron expertos en el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas, que se realiza en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM.
Al refrendar que las adicciones son un problema de salud pública en México, Carmen Fernández Cáceres, directora General de los Centros de Integración Juvenil A.C, mencionó la alta densidad poblacional como uno de los factores macrosociales que facilitan la constitución de un consumidor de sustancias psicoactivas. Añadió otros agentes como la composición de la estructura familiar, la ausencia y sobreinvolucramiento de, o con alguno de los padres, así como el abuso sexual.
En la mesa Marco general de la problemática social vinculada al consumo ilícito de drogas y de las adicciones, moderada por Manuel Gil Antón de El Colegio de México, intervino Adalberto Santana Hernández, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, quien subrayó que fue hasta los años 30 del siglo pasado el momento en que se reconoció al uso, consumo y dependencia de drogas como un problema social en México y Latinoamérica.
En su intervención, Manuel Villegas Ortega, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), pidió discutir la modificación del régimen prohibicionista que sólo aporta a la marginación e invisibilización de los usuarios de algún estupefaciente. “Debe combatirse su estigmatización y criminalización para avanzar en la solución”, puntualizó.
Por su parte, Verónica Martínez Solares, directora de planes de investigación en Proyectos Estratégicos Consultoría, destacó que son escasas las iniciativas que se desarrollan con la participación de la juventud. Explicó que, según el muestreo realizado por la organización a la que pertenece, es entre 10 y 11 años la edad de iniciación de los mexicanos en drogas legales e ilegales, principalmente con alcohol, tabaco, mariguana e inhalación de solventes.
Para Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), la tolerancia cultural al alcohol y el tabaco es la raíz. Se requiere construir un lenguaje común, es decir, abolir la división artificial que existe entre las consideradas legales e ilegales.
Cambio de paradigmas para regular mercados
Regular los mercados requiere un cambio de paradigmas y llegar a consensos entre economistas, médicos y abogados, destacaron expertos reunidos en la mesa Marco general de la problemática económica del consumo ilícito de drogas y de las adicciones, moderada por Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
Francisco Thoumi, experto colombiano en temas de economía pública de las drogas y co-editor de la revista Razón Pública, propuso crear un seguro contra las consecuencias de las adicciones, que se pague con parte de los impuestos, y llegar a acuerdos para tratar a diferentes tipos de manera específica. Recordó que el alcohol y el tabaco son responsables de ocho millones de muertes al año en el mundo, cifra que rebasa las víctimas por consumo de cocaína, marihuana y peyote.
Ángela Hawken, profesora asociada de Economía y Análisis de Políticas en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Pepperdine, Estados Unidos, destacó que la justicia criminal, el gasto en salud y la pérdida de productividad por consumo son tres elementos que afectan a las economías. Para gastar menos, propuso implementar tratamientos fuera de las cárceles para quienes delinquen bajo el influjo de los estupefacientes, con lo que se reducirían costos en los penales y se priorizaría la rehabilitación.
Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella, coordinador nacional de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), destacó la propuesta del gobierno de México para crear un modelo de pago por droga erradicada, decomisada e incautada, así como uno de reducción del consumo. Propuso definir una nueva estrategia, con un enfoque amplio de regulación no sólo de oferta y demanda, sino de la estructura del Estado.
Peter Reuter, profesor de la Escuela de Políticas Públicas y del Departamento de Criminología de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, indicó el drástico aumento en la producción de mariguana en México, que se triplicó entre los años 2000 y 2005 para alimentar el mercado de la Unión Americana. Muchos cálculos, como el que señala ganancias mexicanas de 14 mil millones de dólares en 2005 por comercio de marihuana y cocaína, son cifras con “valor ceremonial” que no tienen sustento.
Prohibición, más grave que el consumo mismo
La prohibición del consumo de estupefacientes es un problema aún más grave que el consumo mismo, manifestó Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El también académico de la Facultad de Derecho (FD) argumentó que no existen cifras que demuestren que la prohibición haya disminuido las adicciones, porque México no cuenta con una política pública integral. “Hasta el 2011 el gobierno federal erogó 16 pesos para represión y prohibición, por sólo un peso para prevención y tratamiento”, enfatizó.
En su oportunidad Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDC) para México, Centroamérica y el Caribe, indicó que el problema no son éstas, sino el accionar de las organizaciones criminales. Las dificultades son el sistema y los actores, no el producto, pues no existe relación directa entre los estupefacientes y la violencia. Lamentó que las políticas sólo se enfoquen desde el punto de vista militar y policiaco, y no de la salud.
En la mesa Marco general de la problemática jurídica relacionada con el consumo de drogas, moderada por Ismael Eslava, director General de Estudios de Legislación Universitaria de la UNAM, intervino Cristian Puga González de ReverdeSer Colectivo, quien consideró que el abordaje de combate en cada tipo de droga debe ser diferenciado. Añadió que la adicción tiene algo de esclavitud al estar relacionada con la abstinencia como forma de coerción.
Finalmente, Eduardo Guerrero Gutiérrez, de Lantia Consultores S.C., experto en temas de violencia, seguridad y crimen organizado, estimó que en el país existen 60 mil personas dedicadas al narcomenudeo, de las que nueve mil se avecinan en el Distrito Federal. “El 30 por ciento de las ejecuciones por esta práctica se realizan en esta urbe”. Estimó que fue en mayo de 2008, la fecha en que inició el contexto violento en territorio nacional, que se desplaza aún del norte al centro de la República.
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