Foto: Senado
Con 79 votos a favor, la Cámara de Senadores modificó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de proteger de las adicciones a este sector de la población.
De igual forma, acordó que las medidas compensatorias que se tomen y las normas que se dicten para proteger a niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles no deberán ser discriminatorias.
En el dictamen avalado se menciona que quienes tengan bajo su custodia a menores de edad “deben de combatir” para desalentarlos a sufrir algún tipo de adicción.
Agrega que esta situación se hace más indispensable cuando de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años creció 50 por ciento el número de personas adictas a las drogas ilegales y 30 por ciento de quienes alguna vez las han consumido.
“Lo anterior, se agrava para el sector de la niñez, ya que dicha Encuesta indica que existe una alta disponibilidad de las drogas para los adolescentes, debido que alrededor de 43 por ciento de jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está expuesto a ellas”.
Estas alarmantes cifras –se subraya—evidencian que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen 68 veces más probabilidad de consumir mariguana y están más propensos a alcanzar un nivel de dependencia de las drogas.
Los senadores reconocieron que a través de los años “hemos sido testigos de que este grupo poblacional enfrenta problemas especiales por su particular condición de vulnerabilidad, tales como situaciones de violencia, calle, desintegración familiar, adicciones, trabajo infantil, prostitución y comercio infantil, entre otros”.
Consideraron que estos fenómenos sociales son causados por diversos factores que tienen consecuencias propias y diferentes intensidades “dependiendo de la edad o etapa por la que transiten los niños”.
Por ello, se pronunciaron a favor de instrumentar acciones específicas de prevención y atención, de acuerdo a esas circunstancias particulares.
Destacaron la necesidad de que los derechos de este sector estén plasmados en un marco jurídico certero y eficaz para protegerlos, “no sólo atendiendo las carencias comunes a los menores de edad, sino también de acuerdo a su edad y etapa de vida, pues lo que se haga o deje de hacer para su protección directa y de sus derechos, será determinante para el resto de su vida”.
El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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