Foto: TILS
Hoy en día, la mentalidad del poder político y los empresarios “está caracterizada por un sentido de la dominación y la esclavitud, lo que ha provocado en los grupos sindicales un sentimiento de lucha donde lo más importante es no decaer ante las arbitrariedades e injusticias del Estado mexicano”, dijo Raúl Vera al inaugurar los trabajos de la Audiencia Pública de Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS), informó en su página de internet el TILS.
Ante centenares de asistentes a la Audiencia Pública, el también obispo de Saltillo destacó que es preciso repudiar el pensamiento que convierte la explotación de las personas en mercancía, por lo que reiteró su exhorto a las y los trabajadores y sus representantes a mantenerse en resistencia, “a no decaer en la lucha por sus derechos y contra la injusticia que los hace más pobres todavía”.
En el mismo sentido, el historiador y miembro del Tribunal, James D. Cockroftt mencionó que el sindicalismo mexicano y la sociedad en general viven un clima tenso en diversas partes del mundo por la crisis económica y destacó que en varias partes de mundo son los sindicatos quienes encabezan las luchas en defensa de sus derechos laborales, por lo que invitó a la clase trabajadora mexicana a lanzar un contrataque para llevar al país por un rumbo diferente.
Manuel Fuentes y Oscar Alzaga, destacados abogados laboralistas mexicanos, al presentar la Acusación General por Violaciones a la Libertad Sindical, aseveraron que la reforma laboral planteada por el Partido Revolucionario Institucional, con la anuencia del Partido Acción Nacional y el aval del gobierno federal no es sólo una bandera neoliberal sino también una amenaza capitalista con la que buscan violar todos los derechos laborales de los trabajadores.
Aseguraron que si actualmente se han mantenido los bajos salarios y la democracia se ha visto truncada es porque el gobierno mexicano se ha dado a la tarea de coartar el derecho a la libertad sindical y ha debilitado poco a poco a los sindicatos. Por ello, los abogados laboralistas denunciaron la existencia de los contratos colectivos de protección patronal, el ataque al derecho de huelga, el constante e interminable ataque a los trabajadores mineros de Sombrerete, Taxco y de la fábrica La Estrella, entre otros; y la falta de parcialidad en los tribunales del país, las secretarías del trabajo y las juntas de conciliación y arbitraje.
Posteriormente, en la presentación de los casos, el Sindicato Minero llamó a todos los trabajadores a seguir defendiendo los derechos laborales para darle a México la justicia que merece.
Explicaron que pese a que la SCJN ha resuelto jurisprudencias a favor de la libertad sindical, en particular la contradicción de tesis sobre la toma de nota 32/2011 en agosto de 2011, y en noviembre de 2011 cuando el pleno rechazó la propuesta contra el Sindicato Minero en una votación definitiva de 7 contra 2. El 25 de abril de 2012 se anunció sesión de la segunda sala para la resolución definitiva, pero la sesión se pospuso al 2 de mayo. La dirección sindical tuvo que exiliarse por una serie de acusaciones.
En Cananea, precisamente donde nació la huelga en México en 1906, el gobierno destrozó la huelga y el derecho por medios ilegales, como la inspección que el gobierno obsequió a la empresa para justificar su cierre y el despido de 1200 mineros. El 11 de julio de 2011 -el día del minero- la autoridad emitió el último y definitivo fallo en contra de la huelga.
Por lo que en enero de 2012 el Sindicato Minero acudió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al gobierno y reclamar la devolución de los derechos humanos que ilegalmente el gobierno arrebató a los mineros: el derecho al trabajo y a la huelga, como derechos humanos universales. Aún no se tiene respuesta de la CIDH.
La huelga de Taxco continúa, agrega la denuncia de los mineros, porque el Grupo México se niega a reconocer las violaciones cometidas al CCT, en particular las de seguridad e higiene y niega reconocer a los dirigentes sindicales. No obstante, la Junta Federal le concedió a la empresa su solicitud de dar por terminadas las relaciones de trabajo en plena huelga, argumentando la empresa que las minas de Taxco agotaron sus vetas y esa causa obliga a cerrar la fuente de trabajo.
En el caso de la huelga de Sombrerete, Zacatecas, la empresa del Grupo México solicitó, vía amparo, que se le concediera el derecho a los patrones de imputabilidad en la huelga por equidad procesal, o sea que ellos tengan el mismo derecho a la huelga que los trabajadores. El asunto fue atraído por la Suprema Corte en donde está pendiente de su resolución.
El Sindicato Minero ha ganado enorme prestigio en los últimos 6 años, por lo que muchos trabajadores se han acercado a pedir su afiliación colectiva e individual, la mayoría de las veces como nuevas secciones del Sindicato. Así fue con Sección 308 de JCIM de Jhonson Control Interiores México en Puebla, con la Sección 307 de Ciudad Acuña, Sonora, sin embargo el gobierno federal se entromete en todos los casos porque cuando el Sindicato con el apoyo de los obreros demanda la titularidad de un CCT, la autoridad interviene para impedirlo si el radio de acción -o la rama económica- es distinta a la que el mismo sindicato define en su estatuto. Al Sindicato Minero le permiten sólo organizar y afiliar trabajadores de la minería, metalurgia y siderurgia, pero no de otras industrias distintas ni similares ni conexas.
Asimismo, instó a los presentes para seguir en la lucha, buscando mejores condiciones económicas y beneficios para sus familias. No obstante, el Sindicato Minero se dijo orgulloso de continuar en la batalla por más de cinco años, con el apoyo de organizaciones internacionales, y aseguró que no pararán hasta conseguir el respeto y la aplicación de los derechos humanos y los laborales.
Por su parte, Patricia Juan Pineda presentó el caso del Decreto Antisindical de la JLCA que desde octubre de 2011 ha intentado quitar a las y los trabajadores de la ciudad sus derechos laborales con la implantación de más de 300 criterios, y cuyas consecuencias serían nefastas y dañarían de manera exponencial a la clase trabajadora de todo el país. Entre los criterios anticonstitucionales más importantes que mencionó Patricia Juan Pineda están: la facultad que se arroga la Junta de interpretar la ley discrecionalmente, incluso ignorando la jurisprudencia; además, la Junta puede pedir y exigir mayor documentación de la requerida, por ejemplo, en el juicio de titularidad está facultada para solicitar el acta constitutiva de la empresa y, en su caso, el acta de asamblea sindical con la firma expresa de los inconformes; entre otros.
Al cerrar su participación, Patricia Juan Pineda invitó a todas y todos los trabajadores presentes “a seguir luchando organizados para lograr un cambio y sacar los criterios que lastiman gravemente a los trabajadores.
Por otro lado, al presentar el caso de Honda, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, José Luis Solorio Alcalá denunció enérgicamente a Honda de México por no respetar la organización de sus trabajadores; al gobierno de El Salto, Jalisco por permitir la intimidación a trabajadores con fuerzas públicas; y a la Secretaría del Trabajo por su complicidad con la empresa y el gobierno.
En septiembre de 2011 se nos otorga la Toma de Nota y crecen de manera considerables las afiliaciones. Ante ello y como táctica represora, la empresa continúa despidiendo a compañeros que fungen cómo delegados dentro de la planta. Además, en menos de sesenta días la titularidad del CCT, que tenía el SETEAMIEJ cambia a favor del Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI), organización creada fast track, con carácter Nacional. Situación que nos hace inferir el contubernio entre la STPS, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la empresa.
En diciembre del mismo año, la demanda inicial por la titularidad del CCT contra el SETEAMIEJ queda sin efecto y es archivada por parte de la JFCA, puesto que este sindicato dejo de ser el titular del CCT, hecho que no fue notificado al STUHM para dejar correr, de manera intencional, los tiempos “legales” del proceso.
En febrero de 2012 se inicia el nuevo proceso de demanda de titularidad del CCT, esta vez contra el SETEAMI. Y se fija como fecha de audiencia el 16 de abril de 2012.
El compañero José Luís Solorio es detenido por los policías municipales y Federales, con el absurdo cargo de “robo de un bolígrafo” que supuestamente le hizo al guardia de seguridad de la empresa durante un volanteo a las puertas de esta.
José Luís Solorio es privado de su libertad por más de treinta y seis horas; es liberado posteriormente bajo fianza, bajo caución y actualmente enfrenta un proceso de demanda federal. La primera audiencia citada en abril de 2012, para el proceso de recuento mencionada no se puede realizar porque el Sindicato demandado no fue notificado por parte de la JFCA; por lo que se traslado al 25 de mayo.
En la planta continúan las intimidaciones, incluso a un militante de la Unión de Trabajadores Automotrices (UAW) -organización estadounidense que se ha manifestado de manera permanente en solidaridad con nuestro movimiento –fue reprimido mientras se realizaba un volanteo a las afueras de la planta- la policía municipal y de migración pretendieron expulsarlo del país, violando todas sus garantías de ciudadano mexicano, ya que tiene doble nacionalidad, mexicana y norteamericana.
Al término de su presentación, celebró que sus compañeros siguen en pie de lucha por más de dos años y dijo que “no pararán la batalla en contra de las atroces mentiras y violaciones a los derechos de los trabajadores”.
El caso de Flex-N-Gate, Puebla también resulta representativo por las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras de la empresa que por más de 14 años han vivido “esclavitud laboral”. Según declaraciones de las dos compañeras que presentaron la denuncia, han trabajado en condiciones inhumanas; sin servicio médico, con despidos injustificados y una liquidación ridícula de 20 mil pesos.
Las trabajadoras de Flex-N-Gate, presentes en la Audiencia Pública del TILS exigieron la reinstalación a sus puestos de trabajo y la exhibición del contrato colectivo de trabajo que, según la empresa, tienen firmado; y aseguraron que se mantendrán firmes en la formación de un sindicato independiente y democrático.
Diario Jurídico México comparte el documento completo de los casos de violación a la libertad Sindical que analizará el Tribunal Internacional de Libertad Sindical.
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