Foto: PGR
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alejandro Ramos, informó que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión un proyecto de reforma al Código Penal Federal, a fin de que sea incluido un capítulo especial sobre delitos en agravio del gremio periodístico.
La intención es darle competencia total a la Procuraduría en la investigación de dichos actos, agregó el funcionario.
El subprocurador aseguró que no se escatimarán esfuerzos para lograr el esclarecimiento y el castigo de los crímenes cometidos contra periodistas en el país, y subrayó que las libertades de prensa e información deben estar reconocidas y garantizadas por el Estado.
Así lo señaló ayer al hablar en representación de la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, al recibir a una Delegación de la organización civil PEN International, encabezada por John Ralston Saul.
Durante el desarrollo del encuentro con este organismo que promueve la libertad de expresión, el subprocurador Ramos Flores abundó en las medidas de protección a favor no sólo de periodistas y comunicadores, sino de aquellos que sin tener dicho carácter, su actividad redunda en escribir en medios impresos y electrónicos.
En este sentido, resaltó la importancia de la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), cuyos avances y resultados contribuyen a garantizar el libre ejercicio periodístico en el país.
Además, el Maestro Alejandro Ramos manifestó que, México atraviesa una importante transición legal en materia de procuración y administración de justicia, además de protección a los derechos humanos, lo cual se materializó en dos importantes reformas constitucionales en el 2008 y 2011.
Por ello, destacó que los convenios de colaboración suscritos con instancias de procuración de justicia de las 32 entidades federativas para coadyuvar en una eficaz integración de investigaciones, haciendo especial énfasis en el permanente esfuerzo que se realiza con la Secretaría de Gobernación en materia de implementación de medidas de protección como mecanismo de acción inmediata para garantizar la seguridad de los comunicadores.
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