Por: Hugo Alday
Foto: Alhen Abogados.
El pasado 25 de abril, en la víspera del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el Senado de la República aprobó la adhesión de México al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas mismo que durante más de una década el Estado Mexicano había rechazado por ser contrario a los intereses de México y de los mexicanos.
Este singular acuerdo multilateral de marcas, tiene la finalidad de facilitar el acceso al registro marcario desde cualquier país hacia cualquier destino, sin la necesidad de desplazarse y de contratar representantes legales en esos países del exterior en los que se pretende registrar una marca.
A simple vista parece benéfico para los empresarios y probablemente lo sea para las grandes empresas, pero no así para MyPymes quienes no cuentan con los recursos y las capacidades suficientes para enfrentar las oposiciones que vienen de la mano con esta adhesión.
Pero analizando por partes, considero que es un lamentable suceso el que el Senado haya aprobado dicha adhesión desconociendo el contexto de la propiedad intelectual en México, ya que si bien es cierto que las empresas transnacionales podrán registrar sus marca en otros países en un mismo acto, esto afecta al bolsillo de la Tesorería de la Federación directamente, ya que los ingresos por derechos que obtiene el Estado Mexicano se verán mermados al momento en que un organismo internacional como la OMPI administre estas solicitudes.
Aunado a lo anterior, la creación de nuevos esquemas procesales que incluyan la oposición en materia de marcas, propiciará nuevos conflictos entre particulares, no así entre el Estado y el solicitante de marca, como hasta ahora sucede con el sistema de anterioridades.
Ello encarecerá los registros, puesto que obliga a los particulares, tanto solicitante como titular de marcas afectado, a contratar abogados especialistas en litigio de propiedad industrial retrasando el registro de las marcas y elevando los costos presupuestados para ello, ya que en el sistema actual únicamente se combate la opinión del IMPI, no así la de particulares bien representados.
Por si fuera poco, se pretende crear un sistema de Prueba de uso de marcas, a través del cual los solicitantes de marcas a través del PROTOCOLO MADRID tienen la obligación de acreditar el uso efectivo de la marca en México, lo que sin lugar a dudas abona en contra de la principal virtud de este tratado, que es la de evitar el desplazamiento y gasto al momento de solicitar marcas en otros países, ya que deberán contratar abogados especializados en México para que aporten pruebas necesarias que permitan demostrar al IMPI que la marca solicitada se está utilizando en México.
Sin duda, nuevamente los legisladores mexicanos probaron su incapacidad de distinguir un instrumento legal que beneficia a unos cuantos empresarios, de aquel que afecta a la mayoría y a los ingresos del propio Estado Mexicano.
Para mayor información consulte : http://www.alhen.mx
[1] Hugo Alday Nieto©. Derechos Reservados 2012.
[2] Abogado con maestría en Derecho Empresarial, así como en Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Sociedad de la información, socio de ALHEN Abogados® (www.alhen.mx / Twitter®: Alhen_Abogados / Facebook®: Alhen Abogados)
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