Foto: CDHDF
La batalla por la justicia en México debe desmontar los asideros del sistema de persecución criminal autoritario, el discurso de víctimas contra victimarios y las resistencias de los intereses políticos, afirmó la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni Kerpel.
Al dictar una conferencia magistral sobre justicia y legalidad en el marco del Séptimo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos (OPA), Puebla 2012, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y otras instituciones, enfatizó que se debe comenzar por el A, B, C de los Derechos Humanos.
Expuso que a los ojos de expertos en la materia en América Latina, a México le falta dar la batalla por la justicia, por la calidad de los juicios, por la evidencia, por los argumentos de la historia, por la capacidad de hacer creíble a las instituciones y la forma de determinar quién es culpable y quién inocente.
“La batalla por la justicia consiste en entender de qué están hechas nuestras resistencias y cómo entendemos la justicia en un país con tantas historias de terror, homicidios y decapitados”, subrayó.
Magaloni Kerpel explicó que esta batalla debe terminar con el discurso maniqueo y vengativo que ha caracterizado a la sangrienta guerra contra el crimen organizado en el que la sociedad mexicana se organiza y se divide en dos bandos: las víctimas contra los victimarios, los buenos contra los malos; los seres inhumanos, perversos y crueles contra los seres humanos, pacíficos y asustados.
El objetivo de este discurso, dijo, es deshumanizar al delincuente, hacerlo distinto e inferior a nosotros. Ello le da al Estado un ‘cheque en blanco’ para detener, arraigar, torturar y matar si es necesario: “Es una estrategia de guerra, lo que exigimos es venganza, que paguen por lo que han hecho: no queremos justicia”.
En este contexto, propuso comenzar con el A, B, C de los Derechos Humanos: La dignidad como un atributo de todos, incluidos los delincuentes; la libertad como presupuesto de la democracia; la igualdad como único vehículo posible para articular una ciudadanía e incentivar la cooperación entre todas y todos.
La investigadora del CIDE consideró que la batalla por la justicia debe ser la lucha contra la arbitrariedad del sistema. El Ministerio Público, Jueces y Policía sólo pueden construir los basamentos de su legitimidad y confianza ante la ciudadanía a través de sus herramientas: las pruebas y argumentos.
La brújula, enfatizó, está en desmontar cada uno de los asideros del sistema de persecución criminal autoritario. Hay que generar los contrapesos propios de un sistema penal profesional porque poner los límites entre unos y otros robustece a las instituciones.
Ana Laura Magaloni sostuvo que las resistencias profundas a implementar una reforma seria al sistema de procuración e impartición de justicia están marcadas por los intereses políticos del Ejecutivo y los gobernadores: “Se ancla una buena parte del poder federal y estatal en la capacidad de manipular la persecución criminal a favor de sus intereses”.
Si no sacan las manos los políticos del sistema de procuración de justicia, enfatizó, no vamos a tener la reforma que el país necesita. “Una reforma de este tipo tiene la capacidad de cimbrar al sistema político, rompe con los viejos privilegios: saber quién se va la cárcel y quién no es un enorme poder, de ese tamaño es el reto”, sentenció.
Posteriormente en la mesa de discusión sobre justicia y legalidad, el ex integrante del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Santiago Corcuera Cabezut, afirmó categórico que sí habría otras alternativas para enfrentar la actual violencia que padece el país.
“Una de las pruebas más claras de que había otra alternativa es que ahora, a fines del sexenio, nos presenta frente a los medios, con gran difusión, con bombo y platillo, un protocolo de conducta de los agentes de las Fuerzas Armadas”, indicó.
El ex Consejero de la CDHDF sostuvo que cinco años después el Ejecutivo está indicando a los elementos castrenses cómo deben de comportarse al hacer labores de policía. Apuntó que quieren su manto de impunidad y que sean juzgados los militares que cometieron abusos por tribunales especiales.
“Por qué no se los dijo desde el principio y así no se hubieran cometido perdidas de vidas. Estamos cerca de 60 mil muertos, no todos atribuidos a las fuerzas del orden, pero la causa fue un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza. Sí había otra alternativa”, concluyó.
Al hablar del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada en México por parte del Gobierno federal, el Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, destacó la propuesta elaborada conjuntamente por especialistas, investigadores y por la máxima casa de estudios.
Explicó que el documento denominado “Elementos para la construcción de una Política de Estado para la Seguridad y Justicia con Democracia” es perfectible, pero sobre todo tiene el propósito de aportar insumos para la construcción de una política democrática en la materia que respete los derechos humanos.
Subrayó que entre los elementos que contiene la propuesta de la UNAM está la apuesta por la prevención y los sistemas de inteligencia que puede dar mejores resultados, como por ejemplo, la ley contra el lavado de dinero.
El especialista en derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, sostuvo que el mensaje del titular del Ejecutivo sobre la forma de combatir a la delincuencia en México manda el mensaje de un mal cierre de sexenio.
“Empezó al revés, con una acción que nadie entendió. De ahí se generaron acciones de gobierno y como tres años después, cuando pasamos del discurso `se están matando entre ellos’ a `hay daños colaterales’, cuando fue inocultable la dimensión, empezamos a sentar las bases para una política de Estado”.
Sobre la recientemente aprobada Ley General de Víctimas por parte del Congreso, sostuvo que implica un reconocimiento del Estado de que hay una deuda con las víctimas, conllevará los Gobiernos federal, estatal y municipales a coordinarse y sienta las bases para una política pública en la materia.
El moderador de la conferencia magistral y de la mesa de debate sobre Justicia y Legalidad estuvo a cago del investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ricardo Raphael.
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