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El Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que la distancia que existe entre el reconocimiento normativo y su vigencia en la realidad, son el principal problema que hoy enfrentan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales.
Silva Meza aseguró que frente a esta situación, y en la idea de que todos los derechos deben contar con garantías efectivas para concretarlos, “su justiciabilidad representa una vía de la mayor importancia para hacerlos efectivos”, durante la inauguración los trabajos del Foro Internacional sobre Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de la reforma constitucional de derechos humanos en México.
Pero, aclaró, la justiciabilidad de los llamados DESC, tiene todavía un largo camino que recorrer. “Son, hoy, pocas aún las sentencias a través de las cuales se han garantizado estos derechos, entre las que destacan: casos sobre el derecho a la salud y algunos más sobre el derecho a la seguridad social, derecho a la información medio ambiental y sobre el derecho al agua”, subrayó.
Sin embargo, abundó que las reformas constitucionales abren un escenario, no sólo propicio, sino obligado, para que en casos de no vigencia de estos derechos, se busque garantizarlos por la vía judicial. En tanto se trata, dijo: Primero, de derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; segundo, obligado por aplicar el principio pro persona, y, tercero, la obligación de ejercer control del convencionalidad.
A partir de este nuevo contexto, el Ministro Presidente manifestó que los tribunales federales habrán de enfrentar en el futuro, asuntos cuya resolución implicará, al menos, hacer referencia no sólo al reconocimiento de estos derechos en la norma de mayor jerarquía del país, sino también en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. “Y ello supone: hacer explícito que se trata de derechos humanos y que pueden ser exigibles por la vía judicial”, recalcó.
Explicó que muy pronto, los juzgadores federales deberán resolver, con mayor frecuencia, sobre la justiciabilidad de derechos como el derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, al salario digno, al medio ambiente adecuado y a la cultura, para lo cual deberán acudir tanto a los tratados internacionales como, en general, a las observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto habrá de ser una realidad, destacó.
El Presidente del Alto Tribunal Constitucional del país aclaró que en estos temas los retos para el sistema de justicia federal son muy amplios, pues al hacer valer estos derechos, deberán reconocerse no sólo sus contenidos mínimos, sino la prohibición de medidas regresivas y la no discriminación. Y, subrayó, para enfrentar esos retos, se contará con nuevas figuras como el interés legítimo y las acciones colectivas, que ofrecen nuevas vías de exploración jurisdiccional.
Por último, el Ministro Silva Meza señaló que el que los tribunales de la Federación incorporen en sus sentencias, entre otros, aspectos como los mencionados, repercutirá en el efecto ejemplificador que sus actuaciones y la jurisprudencia tienen, en el resto de los tribunales de justicia del país.
En tanto, el Consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comentó que el Poder Judicial de la Federación se encuentra en una nueva y retadora época del “constitucionalismo”, que incorpora de manera decida la visión progresista y la tutela efectiva de los derechos humanos de naturaleza económica, social y cultural.
A la altura de estas nuevas exigencias impuestas por la sociedad mexicana, en los señalados cambios constitucionales se advierte un claro propósito de reconocer, fortalecer y ampliar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, los que de modo indiscutible inciden en su bienestar general, puntualizó.
El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, afirmó que en el mundo convulso en el que vivimos, no hay duda de que los derechos económicos, sociales y culturales son un factor de gran importancia, sino para lograr mayor igualdad en la sociedad modernas, si para paliar en algo la creciente desigualdad y polarización social.
Por su parte, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la reciente reforma constitucional de México en materia de derechos humanos, recoge de manera íntegra los frutos de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, como es la universalidad, indivisibilidad, independencia e interrelación de los derechos humanos.
A su vez, Areli Sandoval Terán, Representante del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoció que este foro internacional no podría ser más pertinente, necesario y oportuno, ya que con las recientes reformas constitucionales obliga a las autoridades tanto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Finalmente, Francisco Valdés Ugalde, Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aseguró que los derechos humanos son un nuevo paradigma que alumbra el quehacer social, la acción política y el estudio de la vida en sociedad. Pasos importantes en la construcción de este nuevo paradigma sin duda lo son la recuperación de los derechos humanos en las políticas públicas, apuntó.
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