Foto: Fundalex
El investigador y académico Ernesto Villanueva, publicó una carta dirigida al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, donde le pide explique las declaraciones públicas que hizo de él, luego de que presentara una denuncia de hechos en contra de por lo menos 33 servidores públicos del Gobierno del Estado de Michoacán, por la probable constitución del delito de usurpación de profesiones, previsto como delito federal.
Diario Jurídico México publica la carta íntegra.
QUE EXPLIQUE FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
* ¿Cuáles son los “chantajes» en que he incurrido? ¿Cómo lo he “presionado”?, con los datos probatorios de sus afirmaciones
México, D. F., a 4 de julio de 2012
Ante la conferencia de prensa donde sostuve que aproximadamente el 50 por ciento del gabinete del gobernador Fausto Vallejo Figueroa se ostenta como profesionista sin serlo, lo que podría hacer que incurra en el delito de “usurpación de profesión” previsto en el artículo 250, numeral II, inciso a) del Código Penal vigente, y en atención a lo previsto por el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, procedí a presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República para dar inicio a la averiguación previa respectiva y se determine si es o no procedente el delito previsto.
Esta acción fue considerada por el gobernador Fausto Vallejo como una “marrullería” y que no cedería ante “chantajes o presiones” de mi parte.
Hay un principio de derecho que afirma que el que calla otorga. Niego rotundamente conocer al gobernador Vallejo y, por tanto, también intentar “chantajear” o “presionarlo”, razón por lo cual le exijo explique a la opinión pública: ¿Cuáles son los “chantajes» en que he incurrido? ¿Cómo lo he “presionado”?, con los datos probatorios de sus afirmaciones. De no hacerlo iniciaré una demanda contra el gobernador Fausto Vallejo por afectación de mi honor en los términos de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
Los datos a conocer tienen sustento en la base de datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, contrastados con la información de oficio del Gobierno de Michoacán.
Es preocupante que ante el ejercicio del escrutinio público de las instituciones públicas, el gobierno de Michoacán actúe con intolerancia, amenazas y genere disuasivos para evitar críticas al ejercicio de gobierno.
Atentamente
Ernesto Villanueva
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