Foto: ONU.
Defensoras de derechos humanos y representantes de mujeres periodistas de México solicitaron al Comité de Expertas de la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considere hacer una investigación sobre la violencia hacia defensoras y periodistas y formule al Estado mexicano recomendaciones que combatan la impunidad y garanticen la protección desde una perspectiva de género.
Así lo dio a conocer mediante un boletín Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
El Informe Situación de mujeres defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue leído esta mañana ante al Comité de Expertas por la defensora de derechos humanos chiapaneca, Margarita Martínez, y es uno de los 18 informes sombra o alternos, que son presentados por las organizaciones civiles mexicanas en esta 52 sesión del Comité que se lleva a cabo del 9 al 27 de julio en Nueva York.
Del informe se desprende que México ocupa el primer lugar de América Latina en ataques contra periodistas, pues de 2005 a 2012, 13 mujeres periodistas han sido asesinadas y más de 100 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor, sin que hasta el momento alguno de los casos haya sido resuelto.
Hay que resaltar que por primera vez en la historia de las sesiones de la CEDAW se presenta el caso concreto de la situación de las mujeres periodistas en México.
Durante la reunión privada que se realizó esta tarde entre el Comité de Expertas y representantes de más de 100 organizaciones civiles de mujeres de México, entre ellas, CIMAC, Margarita Martínez, afirmó que México también se ubica en el segundo lugar de agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos.
Tan solo en 2010, el 50 por ciento de los asesinatos contra defensoras ocurrieron en Chihuahua en la mayoría de los casos vinculados a denuncias de feminicidio, trata, desaparición forzada y abusos de fuerzas policiacas y militares.
Martínez dijo ante las expertas de la CEDAW que si bien se reconoce la importancia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el grado de impunidad en el que se mantienen los casos y el nivel de involucramiento de las autoridades en los ataques, obstaculizan cualquier acción de protección efectiva.
Un ejemplo de lo anterior –señaló—es que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, creada en 2006, no ha hecho justicia en ninguno de los casos y las defensoras y mujeres periodistas que cuentan con medidas cautelares, siguen enfrentando riesgos a su vida e integridad.
También dijo que la violencia contra defensoras y periodistas aumenta la discriminación y pone en riesgo la democracia. La simulación del Estado mexicano arrebata la vida de mujeres cuyas luchas son fundamentales para la igualdad, concluyó.
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