Foto: Página de Jesús González Schmal
No pocos se espantan cuando se habla de invalidar una elección presidencial. Se piensa que sería un caos porque el país se quedaría acéfalo y cundiría la anarquía o, al menos, un lapso difícil mientras se vuelve a convocar a nuevas elecciones alrededor de julio o agosto del año entrante.
Efectivamente, el cuadro no es el más deseable, pero si el único camino frente a una realidad excepcional que no puede soslayarse. La primera dificultad se daría cuando el Congreso tenga que elegir a un presidente sustituto que, precisamente, convoque a nuevas elecciones. Por lo que se refiere a la organización del proceso electoral, la situación no tendría problema alguno porque el Instituto Federal Electoral tiene montado el equipo humano e instrumental al efecto y el acto eleccionario se llevaría a cabo sin contra tiempo.
En lo que respecta a la Administración Pública ésta tampoco resultaría afectada en cuanto a que el presupuesto deberá estar aprobado por el Congreso hacia octubre como ocurriría aunque no se diera la invalidez de la elección presidencial. El Presidente interino tendría que ejercerlo desde luego con algunos cambios de personal en los primeros niveles, pero básicamente, conforme al programa que le sirvió de base al Congreso para decidir los ingresos y los egresos del período anual.
En lo político nos enfrentamos a una novedad que además puede ser saludable. La primera es el consenso obligatorio para la elección del interino por parte del órgano legislativo y, la segunda, es la de que todos los partidos asuman la responsabilidad de que las reglas electorales de autenticidad de las elecciones, libertad al votante, equidad en la contienda, legalidad e imparcialidad de los órganos electorales, no son optativos sino ineludibles para que pueda haber una elección democrática y válida. Habría incluso la oportunidad de reducir los gastos de campaña prácticamente a lo indispensable, dado el estado de interés que existiría en la ciudadanía al saber que sin recovecos, ni trampas, su decisión será la única definitiva y válida.
La economía en general, no resentiría en lo mínimo el nuevo período electoral. Las actividades empresariales en la producción industrial, servicios, comercio internacional, bancos, financieras, producción agropecuaria, etc., seguirían su curso. El sistema educativo en todos los niveles continuaría funcionando sin interrupciones y con toda normalidad.
Enfoque especial tendría que darse a la Seguridad Pública. Sería oportunidad inigualable para que los gobiernos de los Estados volvieran a asumir su responsabilidad en éste rubro, aprovechando los recursos y tecnología con la que se les han ido dotando y los habitantes de cada entidad sabrán exigir el cumplimiento de éste servicio, que debe ser respaldado solo subsidiariamente por la policía federal. Sería ineludible para la administración local y debe ser prioridad para cada gobernador.
El Ejército actuará supletoriamente por tiempo limitado. Gobernador que no cumpla con la seguridad pública en su Estado será de su estricta responsabilidad y sus ciudadanos tendrán el derecho a removerlo con el apoyo del Senado de la República que puede declarar la desaparición de poderes ó aceptará la renuncia de los titulares del Poder Ejecutivo cuya ineptitud los descalifique para el ejercicio del cargo.
Es éste balance necesario para disipar la falsa idea de que no se puede invalidar una elección por sus consecuencias negativas, cuando es evidente que estamos ante un caso excepcional e ineludible. Sería peor e irreversible repetir el error de reconocer un presidente de dudoso origen de legítimidad porque serían seis años de atraso y violencia con incertidumbre del rumbo para la Nación como el que ahora hemos padecido con Calderón.
El ejercicio político de invalidez tendría como propósito toral el respeto al orden constitucional cuyo vértice soberano se encuentra en la obligación de hacer del acto eleccionario la verdadera expresión ciudadana bajo los principios del artículo 41 constitucional: “libres, auténticas, equitativas, legales y directas”. No puede haber excusa para dispensar éste cumplimiento, cualquiera que fuese el precio para remediar el incumplimiento de estos principios es bajo comparado con los daños que se pueden esperar de la posibilidad de un nuevo gobierno “espurio” que pretenda instalarse.
La reposición de las elecciones inválidas equivaldría en otros sistemas a la segunda vuelta. Quién triunfe en condiciones democráticas será el único auténtico y democrático presidente que inaugurará una nueva época de prosperidad y civilidad para México.
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