Foto: Províctima
Agencia Reforma / Daniela Rea
Víctimas del crimen y violaciones a derechos humanos que han recurrido a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), denunciaron criterios diferentes en la atención a sus casos.
Algunas, como Miriam López, han recibido atención emocional a domicilio, a veces con doctor y respetando sus tiempos. Otras, como Lourdes Valdivia, han dejado la terapia por falta de recursos o porque se les ha negado la terapia grupal con otras familias de desaparecidos, con quienes ya están hermanados.
«Fuimos sólo un mes a lo de psicología, porque teníamos que pagar los pasajes de León a Guanajuato para toda la familia y no tenemos«, narra Lourdes en entrevista desde León.
Esta abuela, cuyo hijo fue desaparecido con otros cazadores en Zacatecas por policías municipales, quedó a cargo de sus tres nietos menores de edad y, para mantenerlos, ella y sus hijas comenzaron a trabajar.
«Sólo nos ofrecieron apoyo psicológico porque supuestamente ya nos había dado ayuda el Gobierno del estado con una máquina de coser. En Províctimas, para ellos ya estamos recompensados con eso«.
La familia insistió y pidió apoyo para encontrar trabajo y conseguir algún crédito para vivienda.
«Le dije que no nos tratara de limosneros, que se pusieran a buscar a nuestras familias», recuerda Lourdes que le respondió a la directora de Províctimas, Irene Herrerías, cuando ésta le expuso que no tenían dinero.
En Províctimas les hicieron firmar un papel que decía que ellos habían renunciado al apoyo.
Del otro lado está la historia de Miriam, a quien le fue mejor en lo psicológico, pero nada más, asegura.
«Cada mes viene una psicóloga de Tijuana, también viene un doctor con ella, a veces la licenciada que tiene el caso. Son muy amables, me dijeron que llaman de Presidencia a ver cómo va mi caso«, dice en entrevista telefónica desde Ensenada, donde vive.
Con la atención emocional está satisfecha, pero no con la capacidad del organismo para ordenarle a otras instituciones la atención.
Por ejemplo, refiere, Províctimas no pudo intervenir con el municipio de Ensenada para que condonara la deuda de 30 mil pesos del corralón a donde fue llevado su coche cuando fue detenida por militares en febrero de 2011. Tampoco pudo lograr que la PGR cambiara los escoltas que le asignaron por el hostigamiento de los militares a quienes denunció.
Los guaruras le exigían tener una agenda y cumplirla al pie de la letra y en alguna ocasión llegaron con aliento alcohólico. Miriam se comunicó con la licenciada Argentina Rentería, quien lleva su caso en Províctimas y le pidió intervenir.
«La licenciada Argentina me dio los datos del jefe de ellos y me dijo que hablara con él porque pues a mí me estaban afectando y me iban a hacer más caso porque (ella) sí habló con el Ministerio Público pero no le hizo caso«, relata Miriam.
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