Foto: Centro Pro Juárez
Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en el marco de este aniversario, desde el Centro Prodh, recuerda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuenta con una posibilidad concreta de dar pasos firmes contra la discriminación estructural que viven las personas indígenas. Esto, a través de la resolución del caso de Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua injustamente encarcelado desde el 8 de agosto de 2007 por un delito que no cometió.
Originario del estado de México, Hugo fue detenido por policías municipales en julio de 2007 mientras conducía el taxi de su familia. Después de señalarlo como responsable de portación ilegal de armas, fue acusado del secuestro de dos jóvenes. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades cometidas por parte de las autoridades tales como detención arbitraria, incomunicación y tortura, utilización de fotografías obtenidas ilícitamente, presión sobre los acusados para “reconocer” a Hugo y retractación ante el juez por parte de los agraviados, por mencionar algunas.
Hugo fue declarado culpable por el delito de secuestro y condenado a más de 37 años de prisión. La sentencia fue confirmada en apelación y por tanto, actualmente se encuentra injustamente encarcelado. Debido a la violación de los derechos humanos de Hugo y por la trascendencia jurídica del caso, éste fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2011 y hasta hoy continúa en la lista de espera de este órgano judicial.
Pero ¿por qué se inculpó a Hugo de este delito?
Cuando Hugo fue detenido en el Estado de México, los policías señalaron que lo hacían debido a que el joven “tenía una actitud sospechosa”, esa actitud sospechosa fue su filiación étnica y su condición económica elementos que lo hicieron vulnerable a ser detenido.
Mediante un comunicado, el Centro Prodh considera que los policías aplicaron un criterio arbitrario y discriminatorio contra Hugo.
El Centro Prodh ha denunciado en reiteradas ocasiones cómo los problemas estructurales del sistema penal mexicano vulneran los derechos de sectores específicos de la sociedad; en el caso de las personas indígenas es especialmente grave, debido a la discriminación económica, política, social y cultural ejercida por los funcionarios del Estado mexicano.
En febrero de este mismo año, El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (Comité CERD) recordó a México –tomando con referencia en caso de Hugo- la obligación de evitar detenciones arbitrarias en contra de grupos sociales vulnerables y señaló la necesidad de evitar “falsos positivos” en el combate a la inseguridad, refiriéndose al riesgo de que, en el afán de producir resultados ante la legítima demanda social por mayor seguridad pública, se victimice a personas inocentes. También, exhortó a las autoridades a dar todas las facilidades a los y las indígenas para un efectivo acceso a la justicia, en especial a contar con intérpretes del castellano a las diferentes lenguas indígenas.
Es así como en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro Prodh hace un llamado a la ministra y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aprovechar la oportunidad histórica para dar pasos firmes contra la discriminación estructural en el sistema judicial mexicano contra los pueblos indígenas, adoptando los más altos estándares internacionales en derechos humanos en su resolución para la liberación de Hugo Sánchez Ramírez, quien junto con su familia continúan buscando justicia.
Diario Jurídico México publica el Dossier sobre el caso de Hugo Sánchez Ramírez, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
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