Foto: MMM
El Movimiento Migrante Mesoamericano pide al gobierno mexicano que a dos años de la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, por lo menos entregue actas de defunción, restos, constancias de que sus parientes ya están muertos, cuando menos para que no alienten la esperanza de que aún viven y un día los encontrarán.
Mediante un comunicado, el movimiento hace un señalamiento de los sucesos que han ocurrido a migrantes en lo que va del sexenio por su paso en territorio mexicano.
Diario Jurídico México publica el comunicado íntegro:
A dos años del descubrimiento de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, hablamos del terrible suceso como si sólo fueran 72 los migrantes asesinados, sin usualmente recordar o ver en los medios que otros cuerpos sin vida fueron encontrados del 1 de abril del 2011 y continuaron los hallazgos hasta finales de abril del mismo año, cuando la Procuradora de la República Marisela Morales informó que ya eran 193 los muertos hallados en 47 fosas clandestinas en Tamaulipas.
También se olvida que en el mes de mayo en Cadereyta, se dio el atroz descubrimiento de 49 personas asesinadas y desmembradas, quienes de acuerdo con las muestras de ADN de los cadáveres, no corresponden a personas mexicanas, por lo cual seguramente también son migrantes centroamericanos masacrados.
Tampoco se ha dado mucha difusión a las declaraciones del INM, que manifestaron que «existen 825 cuerpos de migrantes en calidad de desconocidos, restos que en su mayoría no están completos», y se nos olvida también que no tenemos un recuento puntual de la gran cantidad de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios mexicanos.
No contamos con datos de las fosas clandestinas que seguramente existen por todo el territorio nacional que no han sido buscadas y por ende no descubiertas, en Tabasco, Veracruz, Chiapas, estados donde se iniciaron los secuestros masivos que nadie quiere investigar.
Más aún, no mucho se habla de los migrantes desaparecidos en tránsito por México, que según las organizaciones centroamericanas son 20,000 los que tienen registrados porque sus familiares los buscan, pero que de acuerdo a estimaciones basadas en los reportes existentes en México, se estima que son unas 70,000 las personas migrantes desaparecidas.
El gobierno mexicano, incapaz de garantizar el transito digno y seguro de cualquiera que pase por el territorio nacional, no ha podido o no ha querido cumplir con el mínimo requisito de identificar a los muertos. En el caso de los 72 en Tamaulipas, 13 restos fueron enviados a la fosa común sin identificación, mientras que 80 de los restos correspondientes a los 193 localizados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, también fueron enviados a la fosa común sin identificación, y en los cementerios mexicanos no se toman provisiones para una futura identificación de los que son enterrados en calidad de no identificados en las fosas comunes.
Otra situación infestada por el virus de la impunidad que requiere ser puesta de inmediato en el microscopio es sin duda, el popular e internacionalmente fenómeno conocido como La Bestia, donde no sólo debe ser contabilizada la gran cantidad de vidas que ha cobrado de quienes son descuartizados entre las ruecas de decenas interminables de vagones. Destrozados, sus restos consumidos en carroña por la hambrienta fauna silvestre, así como las miles de amputaciones producidas a quienes ruedan por cansancio, por frenones súbitos del tren y que son arrollados por la inercia de la fuerza bruta de La Bestia.
El protagonismo del tren tiene su origen desde la privatización de Ferrocarriles Nacionales en 1997, entregando a empresas extranjeras la concesión de millones de metros cuadrados de valiosos terrenos que corren paralelos a las vías y múltiples estaciones del ferrocarril. Incluye también el despojo millones de metros de rieles, durmientes, herrerías y otros enseres originalmente propiedad exclusiva de la nación, que hoy sirven para acarrear al extranjero productos extraídos del subsuelo mexicano como petróleo y cemento, contratados por el gobierno de México y transportados por compañías extranjeras.
Las compañías extranjeras administran también, con la colaboración del sindicato y contratos de protección, a cientos de maquinistas, trabajadores de vía y garroteros, estos últimos reciben sin prestaciones sociales, menos de 2 salarios mínimos diarios, lo que los convierte en presa fácil de la corrupción y cómplices de la extorsión contra las personas migrantes. En acuerdo con los maquinistas que detienen su marcha en lugares donde se realizan los atracos y los secuestros masivos, controlan el acceso a La Bestia, y cobran indiscriminadamente, derechos de piso y de tránsito.
En la actualidad las autoridades estatales y municipales de la colonia Lechería, en Tultitlan, Edomex donde históricamente confluyen el cruce de vías que proviene del sur y suroeste del país, han empezado a convenir con las empresas ferroviarias, compromisos que van desde, el cierre de albergues y de apoyo humanitario a los migrantes en sus localidades, mientras las empresas de trenes dan instrucciones para no permitir el acceso a los vagones, a los casi 400 mil migrantes que buscan la frontera norte y que ante la ausencia de una visa de transito, del gobierno federal mexicano, no tienen más medio de transporte que montarse a La Bestia.
Las soluciones represivas aumentan y se reproducen, al parecer son las únicas que vienen de la parte institucional, empresarial y en algunos casos de la propia iglesia que abandona a su suerte a los albergues incómodos. Son varios ya los municipios que han declarado la guerra en contra de los migrantes: Demandan del gobierno federal el cierre de fronteras en el sur del país. En Tehuacán, Puebla, el presidente municipal declaró cero tolerancia a la migración, en Apizaco, Tlaxcala, Tultitlan y Huehuetoca, Estado de México, la consigna es declarar: «ESTE ES UN MUNICIPIO LIBRE DE MIGRANTES».
Esta actitud prevalece a pesar de que las leyes constitucionales y de migración protegen los derechos humanos de los migrantes y proclaman a la letra de la ley, predicar con el ejemplo para el beneficio y protección de la comunidad mexicana en el exterior.
Durante los años de 2007, 2008 y 2009 el gobierno mexicano exhibió una persistente negación frente a las recurrentes denuncias de secuestros masivos de migrantes. San Fernando (2010), lo obligó a reconocer este trágico y recurrente fenómeno que tiene todas las características de un holocausto. Después de haber tratado de minimizar y descalificar a los denunciantes, la vulnerabilidad de los migrantes ha ido en aumento del 2006 a la fecha, de los atracos, violaciones, vejaciones, extorsión, pasamos al secuestro y al asesinato por mayoreo.
A dos años de la masacre de San Fernando, nos encontramos a finales del sexenio de sangre sin siquiera entregar a las familias actas de defunción, restos, constancias de que sus parientes ya están muertos cuando menos para que no alienten la esperanza de que aún viven y un día los encontrarán. Parece ser que ni en la muerte los migrantes y sus familiares encuentran un mínimo de justicia y sin mayor trámite ni esfuerzos visibles para obtener su identificación requerida y obligatoria vergonzosa y muy lamentablemente pasan de las FOSAS CLANDESTINAS del crimen organizado A LAS FOSAS COMUNES de los cementerios mexicanos.
Movimiento Migrante Mesoamericano: Rubén Figueroa, Adriana Luna Parra, Ada Ortiz Martínez, Rosa Nelly Santos, Marta Sánchez Soler, José Jacques, Fr. Luis Ángel Nieto, Irineo Mujica, Elvira Arellano, Saúl Arellano, Rosa Martha Zarate, Luis López llera, Cristina Lavalle. Promoción del Desarrollo Popular, A.C., Red Migrante; Nuestros Lazos de Sangre, La Familia Latina Unida, Alianza Ex Braceros del Norte, Las Patronas.
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