Foto: Centro Prodh
Graves y continuadas violaciones a derechos humanos cometidas por los gobiernos de Guatemala y México han puesto en riesgo la vida y atentan contra las familias guatemaltecas de Nueva Esperanza, documenta la Misión Civil de Observación, integrada por diversas organizaciones* de la sociedad civil mexicana, en un informe realizado al cumplirse un año del violento desalojo por parte del gobierno guatemalteco.
Mediante un comunicado, la misión hace un recuento de las familias desplazadas de Guatemala, refugiadas de facto en México y expulsadas nuevamente por autoridades mexicanas en grave y clara violación al derecho internacional humanitario, «las familias de Nueva Esperanza se mantienen en la línea fronteriza en un precario campamento y condiciones críticas que, a lo largo de un año, se han deteriorado gravemente», señala.
Violaciones al derecho a la vida, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a la vivienda, y a la asistencia humanitaria y agravios a población particularmente vulnerable como la infancia y mujeres embarazadas son documentadas en el informe “Los Invisibles de la Frontera Olvidada”, que concluye con un llamado urgente y exigencias a los gobiernos de México y Guatemala.
Las exigencias hechas al gobierno mexicano durante el año pasado para asistir humanitariamente a las familias desplazadas ocasionaron que en enero de 2012, el gobierno de México, realizara una acción violenta para desentenderse de sus obligaciones, vulnerando diversos derechos y poniendo en riesgo la vida y la integridad física y emocional, particularmente de la infancia. Estos hechos permanecen impunes, subraya la misión en el documento.
Autoridades mexicanas llegaron al grado de incurrir en actos crueles para repatriar a las familias desplazadas, pues los agentes que participaron en la expulsión detuvieron a niñas y niños para lograr así que se entregaran sus padres. El informe recoge testimonios que dan cuenta del engaño y los abusos de agentes de migración y otras autoridades que participaron en la engañosa “repatriación”.
El escrito señala que un año después del desalojo no se han comprobado ni sostenido acusaciones de vínculos con el narcotráfico o de afectación de la reserva con las que autoridades guatemaltecas intentaron incriminar a las y los pobladores de Nueva Esperanza, lo que confirma el temor expresado por la Misión Civil de Observación de que fuese una estrategia para criminalizar a las y los desplazados y justificar el desalojo.
Las familias de Nueva Esperanza se nombran a sí mismas “Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza” y explicaron a la Misión el porqué de dicho nombre: “hemos resistido los engaños de los gobiernos, sus incumplimientos, las condiciones climáticas”. La Misión considera criminales los incumplimientos de los gobiernos, que incluso han ocasionado ya el fallecimiento de una pequeña niña del campamento en abril pasado.
La Misión expresa su extrema preocupación por la táctica dilatoria con la que el gobierno anterior y el entrante de Guatemala han tratado a las y los desplazados, multiplicando reuniones e incumpliendo continuamente acuerdos sobre una posible reubicación, lo que retrasa la solución del conflicto y mantiene a las familias de Nueva Esperanza en condiciones críticas.
La Misión hace notar que, en casos de desalojo, tal como lo establecen los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y Personas Desplazadas y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, siempre ha de privilegiarse el retorno de los pobladores a sus tierras y sólo cuando éste no sea posible debe plantearse una reubicación y, en todos los casos, la reparación del daño.
El informe “Los Invisibles de la Frontera Olvidada” es una actualización del capítulo sobre desplazados del informe de la primera Misión Civil en octubre de 2011 y que abordaba también la situación de migrantes y defensores en Tenosique.
El 3 de agosto pasado, la Misión realizó una nueva visita al campamento que se mantiene en la frontera para actualizar el capítulo sobre Nueva Esperanza. Integrantes de las organizaciones que conformamos la Misión recogimos testimonios, mantuvimos una amplia y detallada asamblea con las familias, recorrimos el campamento actual así como el área de la cual fueron desalojados hace un año, donde todavía son visibles las huellas de la destrucción.
Asimismo, relata, se realizó una visita a San Benito, Guatemala, donde fueron albergadas y permanecen en condiciones críticas algunas de las familias que fueron repatriadas por autoridades mexicanas en enero pasado.
Hoy, 23 de agosto, al cumplirse un año del desalojo, integrantes de la Misión Civil de Observación se encuentran en el campamento en Resistencia Nueva Esperanza y en San Benito, Guatemala, presentando el informe a las familias desalojadas y expulsadas, mientras 10 personas de Nueva Esperanza que recibieron previamente el informe están entregándolo en la Casa Presidencial de Guatemala.
El informe concluye con un llamado urgente a los gobiernos de Guatemala y México, instándolos a ambos a atender la emergencia y brindar asistencia humanitaria. Al de Guatemala, además, a resolver de manera permanente la situación y, al de México, a evitar la impunidad en las violaciones cometidas contra esta población desplazada.
El informe se presentará en México el próximo lunes 27 de agosto, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a las 11 de la mañana.
Comentarios recientes