En la supervisión de los aprovechamientos de agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) actúa con apego a la Ley de Aguas Nacionales y en acatamiento del Acuerdo Presidencial para mitigar los efectos de la sequía, publicado el 25 de enero de este año, que instruye a la dependencia a fortalecer las actividades de inspección para clausurar cualquier obra o pozo que opere sin permiso de la autoridad, especialmente en los acuíferos sobrexplotados, como ocurre en el Flores Magón–Ahumada, en Chihuahua.
En los operativos de inspección, la dependencia federal da prioridad a las denuncias que le son presentadas y a la revisión de pozos de cuya operación legal, con base en un título de concesión, no se tiene certeza total. Cada inspección se efectúa mediante visitas aleatorias y sin distingo alguno de la filiación o de los antecedentes de cualquier tipo, de los usuarios del agua.
Los inspectores de la Conagua se identifican ante quien se encuentre en el predio y le muestran una orden de visita perfectamente documentada y autorizada. En algunos casos, los inspectores son acompañados por agentes de seguridad pública, como lo prevé la Ley de Aguas Nacionales, cuyo artículo 118 bis I (reforma publicada el pasado 8 de junio) indica que para hacer cumplir sus determinaciones, la Conagua podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, el auxilio de la fuerza pública.
La información sobre estas actuaciones se concentra en el Registro Público de Derechos de Agua.
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