Foto: Repsol
La petrolera Repsol informó que ha iniciado acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se condene a Argentina a la reparación integral de los daños y perjuicios por la expropiación de 51% de las acciones de su filial YPF.
La empresa española considera que Argentina violó varias reglas del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, entre otras la obligación de no nacionalizar o expropiar las inversiones de ésta, de acuerdo con información de diversos medios internacionales.
Repsol envió una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del 51 % de YPF, con lo que la petrolera española ha dado el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional.
Con la notificación de la declaración de existencia de controversia, se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía española por los daños y perjuicios ocasionados.
Es así como se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, y no se descarta emprender acciones legales en Argentina o Estados Unidos, informaron fuetes de la petrolera.
El grupo petrolero Repsol ha subrayado que la expropiación de sus inversiones es «ilícita» y no ha ido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por dicho Tratado, «ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria», publica el portal argentino La Voz.
Actualmente, Repsol es el máximo accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 10 mil 500 millones de dólares.
Este tipo de tratados, añadió la fuente, contienen medidas para proteger internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un Estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a proyectos en el exterior.
En estos acuerdos, suscritos principalmente con países no pertenecientes a la OCDE, los Estados asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro «más neutral» que el que dan los tribunales del país que adopta medidas que perjudican a inversiones extranjeras.
En el caso de YPF, Repsol entiende que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se puede nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización «adecuada y sin demora».
Repsol sostiene que, previo al anuncio de expropiación, se sometió a YPF a diversas medidas para «erosionar o destruir su valor» como, por ejemplo, la confiscación de manera coordinada de diversas concesiones en distintas provincias del país.
Repsol al alza
En su portal de internet, la petrolera española informa que el beneficio neto de Repsol, excluyendo YPF, aumenta un 12,4% hasta alcanzar los 643 millones de euros.
“El beneficio neto total, incluido el de YPF y Repsol YPF Gas, ascendió a 792 millones de euros, con una mejora del 3,5%”.
Con el fin de dar transparencia y facilitar el análisis de sus resultados, adicionalmente a los estados financieros elaborados de acuerdo con NIIF, Repsol ha decidido presentar también sus principales magnitudes excluyendo la aportación de las actividades de YPF y Repsol YPF Gas durante el período, tras la expropiación por parte del gobierno argentino del 51% de su participación en YPF, decretada el 16 de abril.
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