Desde el año 2003, el Poder Judicial del Distrito Federal impulsa una política pública de solución de conflictos por mecanismos alternativos a la jurisdicción, en específico a través de la mediación.
La mediación es un servicio tanto público como privado que se ofrece a la población para el manejo directo y responsable de la solución de sus controversias. La Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal ofrece una definición de mediación: Procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador.
La mediación pública en el Centro de Justicia Alternativa CJA procede en las materias civil, mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes; la mediación privada, que realizan los particulares capacitados y certificados como mediadores por el Centro, procede en las materias civil, mercantil y familiar.
La moderna actitud institucional y democrática que ofrece el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal TSJDF, a través del CJA, permite que la población participe directamente en la solución de sus conflictos de una manera colaborativa y no adversarial. De esta forma, la sociedad civil participa activamente en este novedoso esquema de resolución de conflictos como mediados, o bien como mediadores privados capacitados y certificados por el CJA; es decir a través de la figura de la descentralización por colaboración.
I. EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA
El CJA del TSJDF fue creado en 2003 como órgano del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para administrar y desarrollar los métodos alternos de solución de conflictos en el Tribunal, en particular a través de la mediación. En una primera fase, solamente se ofreció el servicio de mediación familiar. En 2006, se instaura el servicio de mediación civil-mercantil y en 2007 el de penal. La mediación en materia de justicia para adolescentes se institucionalizó con la entrada en vigor del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 2009.
A partir de 2008, el CJA es una dependencia del TSJDF, con autonomía técnica y de gestión.
Con la creación del CJA, el TSJDF se anticipó a la reforma del año 2008, en su Artículo 17 de la Constitución, el cual ordena que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, pues establece la posibilidad de que las personas, por sí mismas, y en los casos que la Ley lo permita, resuelvan sus conflictos sin autoridades como un mecanismo complementario al servicio de la justicia ordinaria, en donde la buena comunicación y la negociación cooperativa son factores fundamentales para el logro de dicho objetivo. También significa que es en el TSJDF donde se cementan la justicia tradicional y la alternativa. Ambas comparten la misma teleología de lograr un sistema de justicia pero con metodologías diferentes.
La mayor rapidez a la solución de controversias por mecanismos alternativos propicia una disminución en los costos, no sólo para las partes involucradas sino para el sistema de justicia, ya que representa una posibilidad muy cercana de descongestionar a los tribunales al racionalizar el uso de los servicios de administración de justicia.
El auge más importante que ha conseguido del CJA, desde su creación, ha sido a partir del año 2009 con la celebración de convenios de colaboración, entre otros, con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y la Asociación Hipotecaria Mexicana. A través de dichos convenios se ha logrado una derivación considerable de asuntos al servicio de mediación, a tal punto que tan sólo en el año judicial 2008-2009, se logró un crecimiento en los convenios civiles-mercantiles del orden 472% respecto del año judicial inmediato anterior.
Otro gran logro de no menor relevancia, que se suma a las actividades del CJA, lo constituye la capacitación, entrenamiento y registro de mediadores privados, con el invaluable apoyo del Instituto de Estudios Judiciales de este Tribunal, con los que se amplía de manera significativa la opción de la población para buscar, a través de la mediación, soluciones a sus conflictos, que sean más satisfactorias, con un menor costo económico, de tiempo y esfuerzo, que les permita la conservación o reconstrucción de sus relaciones, tanto familiares como vecinales, condominales, comerciales o de cualquier otra índole.
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