Foto: Cámara de Diputados
Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Dicho decreto señala que se reforman los artículos 10, numerales 1 y 4; 11, numeral 4; 15, numeral 1 y fracción XII; 22, numeral 1, fracción III; 23, numerales 4 y 5; 25, numeral 1; 27, numeral 2, fracción I; 46, numeral 1 y fracciones X y XI, y 81, numeral 1.
Se adicionan los artículos 15, con las fracciones XX a XXVII; 19, numeral 2, con una fracción XVII, pasando la actual XVII a ser XVIII; 30, numeral 1, con una fracción V; 69, con un numeral 2 y las I a V, y 141, y se derogan la fracción I, del numeral 1 del artículo 32 y el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Lo anterior luego que el pasado 7 de febrero el pleno de la Cámara de Diputados aprobara con 304 votos diversas modificaciones al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Unión.
Las reformas establecen la obligación de publicar información en los medios de difusión del Órgano Legislativo y el Programa de Trabajo de la Contraloría Interna, también se integrará un Consejo que ayude a mejorar la rendición de cuentas.
De esta forma, se hará más transparente el manejo de recursos en la Cámara de Diputados, al aportar mayores datos a la sociedad sobre el destino de los recursos asignados anualmente a San Lázaro; la información que se publique deberá actualizarse cada semestre, desglosarse por partidas, montos y fechas de ejercicio.
Las reformas especifican lo relativo a los integrantes del Consejo de Transparencia, quienes no podrán ser reelectos y sus atribuciones serán a través de una compensación de acuerdo a los casos que atiendan; cabe señalar que la Legislatura pasada estableció la creación del Consejo, pero no se había designados a sus integrantes, ahora se define el carácter de los consejeros, actividades y cuestiones de índole administrativo.
Dichos consejeros deberán gozar de prestigio en el manejo de la transparencia y acceso a la información pública; participaran en el diseño de la política institucional de la cámara en la materia y será la Junta de Coordinación Política la que funja como órgano rector de las políticas acceso a la información y la protección de datos personales.
El priista Felipe Solís Acero, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias señaló que este órgano encargado de las controversias estará conformado por tres consejeros; se integrará mediante convocatoria pública y un procedimiento que llevará a cabo la Comisión de la Función Pública y los electos por primera vez será a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Con la integración del Consejo de Transparencia se cumple con la reforma al artículo 6 constitucional en la materia, señaló.
Sin duda, dijo, “se trata de un avance en materia de transparencia, ya que incluye como obligaciones del órgano rector en la Cámara de Diputados las siguientes: Presentar al pleno informes semestrales, resolver los recursos de revisión en materia de transparencia, interpretar el Reglamento, aplicar las medidas correctivas o de apremio conducentes, diseñar y aplicar indicadores de desempeño en materia de transparencia, establecer indicadores de gestión, emitir semestralmente un análisis y evaluación de las políticas institucionales de transparencia, hacer del conocimiento de la Contraloría Interna las presuntas infracciones en materia de transparencia, y, asimismo, establecer el procedimiento para la elección de consejeros al Consejo de Transparencia, así como los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar el cargo de Consejeros«.
De esta forma, el PT, Verde Ecologista, PRD y PAN argumentaron a favor de estas reformas, indicaron que la apertura informativa responde a la demanda de la sociedad, la cual tiene derecho de conocer el manejo de los recursos públicos; el petista Jaime Cárdenas Gracia demandó que los tres consejeros sean independientes, profesionales y sin vínculos con los grupos parlamentarios mayoritarios.
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