Foto: Blog Cuauhnahuac
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de San Luis Potosí (SLP) revocó la sentencia de un año de prisión que recibió Hilda, mujer que fue criminalizada por abortar en ese estado.
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –instancia que asumió la defensa legal de la joven de 22 años–, celebró la sentencia absolutoria por parte de los magistrados estatales al no encontrar pruebas que demostraran la responsabilidad de Hilda en los hechos.
En conferencia de prensa, la activista advirtió que la criminalización de Hilda no es la única en el país, ya que de 2009 a 2011 se tiene registro de 679 mujeres que han sido denunciadas por abortar ante las autoridades judiciales.
Tamés mencionó que GIRE tiene 25 casos similares a los de la joven potosina en los estados de Puebla, México, Baja California, Hidalgo y Chihuahua.
Por ello, la directora de la organización civil llamó a los congresos locales a que modifiquen sus legislaciones para despenalizar el aborto, ya que la criminalización provoca que en caso de una emergencia obstétrica las mujeres sean denunciadas y procesadas ante el Ministerio Público (MP).
Dijo que en SLP el 15 por ciento de las muertes maternas corresponde a mujeres que fallecen en la vía pública, por lo que se deduce que muchas de ellas prefieren no llegar a un hospital para evitar llegar a la cárcel al ser sospechosas del delito de aborto.
Regina Tamés dijo que las mujeres que han sido criminalizadas tienen pocos recursos económicos e informativos, fueron denunciadas por el mismo personal médico que las atendió, son presionadas para incriminarse, maltratadas física y verbalmente en las procuradurías, y no se respeta el debido proceso, tal y como ocurrió en el caso de Hilda, apuntó.
Itzel Silva, abogada de Hilda, adelantó en entrevista que se demandará al Estado mexicano para que repare el daño a la joven, y aunque ya la absolvió el TSJ, la defensora advirtió que tiene ese derecho al haber sido injustamente condenada por el juez Miguel Ramio Díaz de Ciudad Valles.
Presente en la rueda de prensa, Hilda contó que en 2009 acudió a los servicios médicos de SLP por una molestia en el vientre durante su embarazo y el personal sanitario condicionó la atención para que contestara algunas preguntas, las cuales eran encaminadas a criminalizarla.
La joven agregó que en la sexta semana de embarazo tuvo una hemorragia, por lo que acudió al Hospital Básico Comunitario del municipio de Tamuín, donde fue denunciada ante el MP por el mismo personal médico que la había atendido previamente. Fue trasladada a los separos semidesnuda, ya que sólo llevaba la bata con la que había sido ingresada al nosocomio.
Y aunque sólo estuvo detenida 24 horas, al salir de prisión tras pagar una fianza de 3 mil pesos para enfrentar su proceso en libertad, recibió los señalamientos de los medios de comunicación que la tacharon de “mala madre”, lo que contribuyó a que la joven cayera en depresión.
SLP es uno de los 17 estados del país que desde 2008 aprobaron reformas a sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que en los hechos derivó en la criminalización de las mujeres por interrumpir sus embarazos.
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(CIMAC)
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