Foto: Diario Jurídico.
En los cuerpos policiales de la ciudad de México todavía hay prácticas de abuso de poder, de violaciones a la integridad de las personas y de tortura, denunció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
“Esta Comisión ha documentado una importante cantidad de situaciones en las que desafortunadamente lo que vemos es que hay prácticas todavía que tenemos que erradicar; prácticas relacionadas con el abuso de poder, con violaciones a la integridad de las personas y con tortura”, aseveró.
Al inaugurar el “Diplomado en Derechos Humanos y el Uso de la Fuerza en la Actuación de los Cuerpos de Seguridad”, organizado en conjunto por la CDHDF, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), detalló que de las 13 Recomendaciones que emitió la CDHDF en 2011, cuatro tienen que ver con la práctica de la tortura.
Así lo informó la comisión mediante un comunicado.
“Tortura que se verifica tanto en la Policía Preventiva de la ciudad, en la Policía de Investigación y también en el ámbito penitenciario”, señaló.
Ante servidores públicos de la PGJDF, SSP-DF y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalina reunidos en el Salón Digna Ochoa de la CDHDF, el Ombudsman capitalino explicó que hablar de que la sociedad tiene derecho a la seguridad tiene un efecto perverso porque se divide a la sociedad en dos: en las potenciales víctimas de delitos y en los potenciales delincuentes.
En ese sentido, abundó que en nombre del derecho a la seguridad se construyen mecanismos que suelen traducirse en que para garantizarlo es posible pasar por encima de los derechos de otras personas.
“El delincuente se vuelve un enemigo de la sociedad. La policía está para defender a la sociedad de esos enemigos, para garantizarle su derecho a la seguridad y entonces actúa violando los derechos de alguien que atenta contra la sociedad”, comentó.
Manifestó que la anterior posición no le ayuda a nadie y al contrario construye una idea descontextualizada de que el delito es un comportamiento malo y que está ajeno a toda corresponsabilidad de respeto a los derechos.
El presidente de la CDHDF hizo hincapié en que la seguridad es el resultado del respeto a los derechos humanos.
“Por eso es que no podemos oponer derechos y seguridad. Si se hace esa oposición inmediatamente se ponen en riesgo los derechos de alguien, si no hacemos esa oposición estamos en condiciones de respetar los derechos de todas y todos”, indicó.
Aclaró que los primeros garantes del respeto a los derechos humanos son los elementos de seguridad, porque son el primer contacto con la ciudadanía, lo que los convierte en agentes de derechos.
Ratificó que los cuerpos policiacos pueden hacer uso de la fuerza pública, pero es necesaria administrarla. “De manera tal que a la hora de intervenir y defender los derechos de quien ha sido agredido, sea precisamente el respeto de los derechos de quien es el presunto agresor la forma de administración de la violencia que se va a ejercer”.
“Tanto se violan los derechos de una persona cuando se abusa del uso de la fuerza pública, como cuando no se utiliza”, concluyó.
En su oportunidad, el coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, Juan José Olea Valencia, calificó como falaz el argumento de que a mayor seguridad es menor la protección de los derechos ciudadanos.
Por contrario, subrayó que el binomio derechos humanos y seguridad es fundamental para fortalecer a las corporaciones que proporcionan protección.
A su vez, la Directora General de Derechos Humanos de la SSP-DF, María Elena Alegría y Escamilla, precisó que los elementos policiacos pueden hacer uso legítimo de la fuerza, siempre y cuando sea de manera racional y proporcional y dentro del respeto de los derechos.
“La seguridad y los derechos humanos no están contrapuestos, sino que son un binomio indisoluble”, enfatizó.
En tanto, el Coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UACM, Enrique González Ruiz, pidió entender que la fuerza de que disponen las autoridades de seguridad no es de ellas, sino que es un recurso que les entrega la sociedad.
“Así como las armas de que disponen para cumplir sus tareas no son suyas, tampoco lo es el tema de las atribuciones en materia de seguridad”, recalcó.
Por su parte, el Asesor Jurídico Operacional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Romaric Ferrare, consideró necesario dotar a los integrantes de los cuerpos de seguridad de los conocimientos y herramientas que les permitan proteger la vida, integridad y dignidad de todas las personas.
“La profesionalización de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ha facilitado el acercamiento y entendimiento entre los derechos y las tareas de aplicación de la ley, situación que aunque aún tiene un camino largo por recorrer demuestra avances positivos”, afirmó.
En la inauguración del “Diplomado en Derechos Humanos y el Uso de la Fuerza en la Actuación de los Cuerpos de Seguridad”, estuvieron presentes el Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Miguel Rivera Villa; el Director General de Derechos Humanos de la PGJDF, Alberto Raúl López García; y la Directora General de Educación por los Derechos Humanos de la CDHDF, Paz Echeñique Pascal.
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