En agosto de 2012 Claudia Medina Tamariz fue incomunicada y torturada física y sexualmente durante 36 horas por elementos de la Marina en el estado de Veracruz a fin de obtener su confesión, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Ese caso, al igual que el 98 por ciento de los delitos cometidos en México, permanece en la impunidad, reportó el Centro Prodh al relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez, quien se encuentra de visita en México desde el pasado lunes 21 de abril.
Hasta el próximo 2 de mayo el relator especial verificará el cumplimiento de nuestro país en lo relativo a la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, Méndez examinará las garantías para los derechos de las personas privadas de su libertad y las condiciones de su detención y reclusión, así como la manera en la que son detenidas las personas migrantes en México.
Ayer, el relator especial se reunió con organizaciones civiles que le expusieron las formas en las que se sigue obligando a las personas a confesar crímenes, las torturas sexuales y tratos inhumanos de las que son víctimas las mujeres cuando son criminalizadas, e incluso los tratos degradantes que padecen durante un parto a manos del personal médico.
Activistas advirtieron que pese a que México es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, esto es una “práctica terriblemente cotidiana en México” e incluso su incidencia ha aumentado.
Y es que de 2006 a 2012, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han registrado 7 mil 253 casos de tortura, lo que representa que durante el sexenio de Felipe Calderón se registró un aumento de 500 por ciento en este flagelo.
En contraste, la Procuraduría General de la República dio cuenta de sólo dos condenas federales por tortura entre enero de 1994 y enero de 2012, es decir, en un lapso de 18 años.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos también dijeron al relator que la militarización, como estrategia de seguridad pública, ha disparado los casos de tortura, mientras que “el fuero militar no permite que los responsables sean llevados ante la justicia civil”.
Además del caso de Claudia Medina Tamariz, el Centro Prodh ha documentado la tortura sexual cometida por agentes del Estado en contra de 47 mujeres detenidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante un operativo en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México. De ese total, 26 denunciaron los hechos y 11 llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otro lado, en el informe de 2012 “Situación de la tortura en México”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDTT) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), se detalla que las mujeres al ser detenidas sufren violación sexual, hostigamiento sexual, humillación, amenazas de muerte, simulacros de ejecución, toques eléctricos y mutilación, así como golpes, asfixias, descargas eléctricas, “privación sensorial”, atestiguan otras torturas, son privadas de alimento y líquidos, y se les niega la atención médica.
De las 248 mil personas en prisión en México, poco menos del 5 por ciento son mujeres, es decir, unas 11 mil mujeres. De ellas, más de 3 mil están recluidas en los centros federales de readaptación social, y la mayoría vive en hacinamiento, sin acceso a servicios de salud adecuados o sin tener contacto con sus familias.
El relator especial de la ONU dará a conocer sus conclusiones y recomendaciones preliminares el próximo 2 de mayo en la sede de Naciones Unidas, y presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2015.
=AZM=
(CIMAC)
Comentarios recientes