Foto: Cámara de Diputados
El Pleno Camaral aprobó reformas al Código Penal Federal para tipificar conductas cometidas en contra de la integridad patrimonial y física de las personas, mediante medios o sistemas informáticos, tales como la extorsión, fraude, trata de personas y corrupción de menores.
La reforma aprobada por 271 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones plantea agravar hasta con el doble las sanciones a la persona que se valga del uso o empleo de medios informáticos para cometer cualquiera de estos delitos.
Se contempla imponer sanción de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, imágenes o archivos de voz, contenidos en sistemas o equipos informáticos.
De igual modo, se prevé aplicar pena de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa a quien, sin autorización y con el ánimo de causar un daño, acceda y modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática que no estén protegidos por algún mecanismo de seguridad.
En el dictamen se menciona que en los casos en que el daño provocado por el acceso o la modificación no autorizados obstaculice o disminuya la capacidad de funcionamiento del sistema o equipo informático las penas se incrementarán hasta en dos terceras partes.
Mientras que a quien sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática no protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le aplicarán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa, agrega.
También se equipara al delito de fraude y se sancionará con pena de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 400 días multa, a quien valiéndose del error en que se encuentra la víctima provoque que revele o ponga a su disposición información o datos de carácter personal, patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a acceder, utilizando para tales fines sitios o direcciones de correo u otros medios electrónicos creados por él mismo o por un tercero.
Por la Comisión de Justicia, el diputado Luis Carlos Campos Villegas (PRI) dijo que la reforma actualiza el catálogo de los llamados delitos informáticos; prevé un marco jurídico en la materia y sanciona a quien divulgue información proveniente de los sistemas financieros.
Refirió que la irrupción de las nuevas tecnologías de la información en la vida de los particulares, de los sistemas financieros, de la actividad del Estado y de la sociedad en su conjunto, ha generado prácticas antisociales y delictivas que afectan a todos los ámbitos que dependen de las redes informáticas.
Dicha situación, abundó, obliga a actualizar el marco jurídico a fin de proteger los bienes que son de vital interés para la comunidad, como: la seguridad e integridad de las personas y su patrimonio; los datos personales e institucionales; identidad personal; información; bienes sociales y comunitarios que se ponen en peligro por la utilización ilícita de métodos y mecanismos novedosos, sustentados en las nuevas tecnologías informáticas.
Con las reformas, precisó, se cubren vacíos legales al actualizar el Código Penal Federal y reelaborar los tipos penales, reconociendo conductas antisociales e ilícitas que utilizan con fines delictivos los sistemas y medios informáticos.
En materia de trata de personas, corrupción de menores, turismo sexual y pornografía infantil, se contempla castigar con mayor severidad estos ilícitos, toda vez que México ocupa uno de los primeros tres lugares en materia de pornografía infantil.
De igual modo, expresó, se castiga con severidad a quien emplee los sistemas y medios informáticos como instrumentos para fines de amenazas y delitos patrimoniales como la extorsión y el fraude. Además, se sanciona el uso de estas herramientas cuando tengan por objeto el robo de identidad.
El presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM) dijo que a nivel mundial los ilícitos en materia de delitos informáticos alcanzan un monto casi equivalente al del comercio ilegal de marihuana, cocaína y heroína, es decir, 288 mil millones de dólares, siendo los delitos de mayor incidencia los virus informáticos (malware), estafa-extorsión y phishing.
Añadió que en México estas pérdidas representan alrededor de dos mil millones de dólares al año; se ocupa el tercer lugar en materia de delitos informáticos, siendo el de pornografía infantil uno de los de mayor incidencia e impacto social; a un pederasta le toma menos de 15 minutos desnudar a un niño en línea.
Sobre el robo de identidad, detalló que tiene un valor anual de mil millones de dólares en el mundo, y de acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública se atendieron en el último año cinco mil 582 denuncias en materia de delitos cibernéticos en contra de la integridad de las personas, de los sistemas y del Estado.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) mencionó que el crecimiento de la tecnología en los medios informáticos ha causado la existencia de nuevas conductas consideradas ilícitas y las cuales no están tipificadas en el Código Penal Federal.
Añadió que el dictamen incorpora diversas conductas relacionadas con los delitos informáticos, como son en materia de trata de menores de 18 años de edad, pornografía infantil, turismo sexual, y en donde, se equipara el delito de fraude al que valiéndose del error de una persona, utilice un sitio falso creado con apariencia real para obtener información personal o patrimonial.
Por el PAN, el diputado Gregorio Hurtado Leija expresó que es importante contar con cuerpos legislativos actualizados, los cuales permitan castigar los delitos cibernéticos y erradicar la impunidad en ilícitos de esta materia.
Con la reforma, dijo, se crean medidas en contra de la delincuencia cibernética, como sancionar a quienes se valgan de estos medios para cometer los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y la trata de los mismos; condenar la suplantación de identidad informática y a quienes divulguen datos del sistema financiero, así como sancionar a quien cometa fraudes y extorsiones a través de estos sistemas informáticos.
Al hablar en contra, los diputados del PT, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña señalaron que si bien las reformas establecen una regulación de carácter penal sobre la informática y los llamados delitos informáticos, son solamente propuestas que tienen por finalidad incrementar una y otra vez las penalidades por las conductas ilícitas.
Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Comentarios recientes