Mario Di Constanzo, presidente de la Condusef, consideró que de aprobarse la reforma financiera, la institución a su cargo contaría con mayores atribuciones para la defensa y protección de los usuarios de servicios financieros.
Hizo notar que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal aborda el tema de las cláusulas abusivas, que permitirán realizar una defensa arbitral y preventiva y con ello proteger los derechos de los clientes.
Al participar en el foro “La construcción de un sistema financiero justo y orientado al crecimiento económico, en el Senado de la República, Di Constanzo se pronunció a favor de impulsar una mayor educación de los usuarios en asuntos financieros.
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de El Barzón, consideró que a la reforma “se le tiene que meter la mano” para establecer criterios que digan que hay premio para el ahorrador y que no habrá abuso para el usuario del crédito a través de la intermediación financiera.
Subrayó que el problema es que sólo cuatro instituciones controlan el mercado, por lo que la actividad reguladora tiene que ser mayor y “ojalá que dentro de las cláusulas abusivas, el gobierno acepte que entren las comisiones”.
José de la Cruz Gallegos, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, destacó la necesidad de que la Condusef, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México realicen un ranking de instituciones de crédito para dar a conocer quién es mejor en los servicios financieros y así crear una verdadera competencia.
A su vez, Alejandro Puente Barrón, del Banco Compartamos, pidió que las instituciones bancarias eviten el sobreendeudamiento de los usuarios, adopten principios de protección a éstos, ofrezcan mecanismos para la solución de controversias, así como transparentar la información.
César Arnulfo Zepeda Prado, vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX), hizo énfasis en que la actual propuesta de reforma financiera no contempla nada referente a la participación del sector social en el sistema financiero mexicano.
Propuso adherir al proyecto diversas modificaciones que permitan redefinir el derecho cooperativo; que reconozca a las cooperativas de ahorro y préstamo como parte del sistema financiero.
En su oportunidad, Luis Mario Fuente Chagolla, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Microfinancieras e Intermediarios Financieros (ANMIF), señaló que son las Sofipos, Sofomes y Cajas de Ahorro, las que se acercan al sector pobre del país.
Por ello, hizo un llamado para que se reconozca al sector de las finanzas populares y se desarrolle una regulación basada en la realidad operativa de estas entidades.
Por su parte, Armando Sánchez Porras, Presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMFOSIPO), afirmó que para potenciar a este sector financiero es necesario liberarlo de las diversas limitantes contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Mientras tanto, Alejandro Martín Bolaños Cacho, Presidente de Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), solicitó a los legisladores incluir en la iniciativa de reforma la regulación voluntaria y simétrica, el trato igualitario entre instituciones reguladas, y el crédito profesional y responsable.
De esta manera –agregó– se podrá generar una distribución de recursos más eficiente, en mejores condiciones de competencia y precio al consumidor final.
Carlos Rahmane Sacal, presidente consultivo del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) subrayó que es fundamental una banca de desarrollo que preste recursos a los intermediarios que realmente hacen llegar los recursos a las pequeñas y medianas empresas y no a los grandes bancos.
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