Ante falta de garantías por su vida, Margarita Martínez y su familia salen de Chiapas

Foto: Diario Jurídico México

Diversas Organizaciones Civiles emitieron un comunicado conjunto para informar que ante la ineficacia del gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal, para garantizar la vida, la integridad y seguridad de la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez  y su familia, han decidido dejar temporalmente el estado de Chiapas, ya que el riesgo que corre su vida es alto.

Señalan que el Estado mexicano ha sido incapaz de proteger a Margarita Martínez, ya que a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella y su familia han recibido varias amenazas de muerte, la última de ellas el pasado 30 de junio, justo cuando se encontraba en preparación de su participación en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (el CEDAW), en la sede de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, como parte de una delegación de defensoras de derechos humanos de México.

En el marco de la 52 sesión del CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Defensoras de México denunciarán la situación de violencia contra las defensoras en el país. «En México se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la protesta social que vive el país», señala el comunicado.

Las medidas de protección que el gobierno de Chiapas ha implementado a favor de Margarita Martínez, como parte de las medidas cautelares de la CIDH, han sido deficientes y no han logrado inhibir las amenazas ni reducir el riesgo, por lo que ella y su familia han decido abandonar este estado.

Las organizaciones puntualizan que “la CIDH es muy clara al decir que el deber de prevención no se limita a proporcionar medidas materiales de protección, sino que conlleva la obligación de actuar sobre las causas estructurales que afectan la seguridad de las personas amenazadas. Para cumplir esta obligación, el Estado debe investigar y sancionar a los responsables de los hostigamientos, las amenazas y los ataques contra defensoras y defensores”.

Cuando las amenazas son de tal magnitud y las defensoras y defensores de derechos humanos se ven obligados a abandonar su lugar de residencia se vulnera el derecho a la residencia y a la circulación. La Corte Interamericana ha considerado que se violan estos derechos cuando un defensor o defensora es víctima de amenazas y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas provengan de actores no estatales.

Las y los defensores de derechos humanos podemos ejercer libremente nuestra actividad cuando no somos víctimas de amenazas, ni de agresiones físicas, psíquicas, morales, actos de hostigamiento y obstaculización a nuestra tarea de promover y defender los derechos humanos. Condiciones que en el caso de México y particularmente de Margarita Martínez, no se están cumpliendo”, manifiestan.

Cabe mencionar que Margarita y Adolfo, desde el 2009 han sido víctimas de amenazas, secuestro y ataques a su integridad personal. Organizaciones internacionales de derechos humanos y la Relatora Especial sobre la Situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, han manifestado su preocupación por los ataques a Margarita y Adolfo. En el 2010 la CIDH emitió las medidas cautelares MC 52-10, a favor de Margarita y su núcleo familiar.

En septiembre del 2011, Adolfo fue invitado a la Plataforma Dublín, organizado por Front Line Defenders, un espacio para las y los defensores de derechos humanos en el mundo que se encuentran en riesgo.

El pasado 30 de junio 2012, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, aproximadamente a las 18.00 hrs., Margarita, fue amenazada de muerte a través de escrito justo antes de asistir a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos a una de las sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el CEDAW) en la sede de las Naciones Unidas.